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Cuasimonedas en Argentina: qué son y para qué sirven

La Rioja propone emitir cuasimonedas en respuesta a desafíos económicos. Inspirada en la experiencia de 2001-2002, busca fortalecer las finanzas provinciales y garantizar gastos esenciales

Por Redacción

17 de enero, 2024 - 08:56

En una medida que genera debate en el mercado, el Poder Ejecutivo de La Rioja remitió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley que respalda la emisión de cuasimonedas. Este proyecto, anticipado por el gobernador Ricardo Quintela, busca enfrentar las dificultades financieras en medio de un panorama económico desafiante. Es probable que otras provincias consideren adoptar estrategias similares en el corto plazo.

Las cuasimonedas, denominadas así informalmente, fueron emitidas en Argentina por el Gobierno nacional y quince gobiernos provinciales durante la crisis económica de 2001-2002. Estos bonos, que circulaban de la misma forma que la moneda de curso legal, se presentaban como una alternativa de financiamiento en un contexto de restricciones a la emisión monetaria debido a la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991.

En el marco de la crisis, los bonos al portador, que podían o no contemplar el pago de intereses, permitieron a los gobiernos nacionales y provinciales cumplir con sus obligaciones y sostener parcialmente el consumo. Esta estrategia proporcionó un breve alivio financiero previo al fin de la Convertibilidad, y a medida que el país se recuperó económicamente a partir del 2003, las cuasimonedas fueron desapareciendo hasta extinguirse completamente al ser reabsorbidas por los emisores.

Retomando esta experiencia, el economista Rafael Flores destaca que las cuasimonedas emitidas por La Rioja, y posiblemente por otras provincias, buscan dar mayor liquidez a los gobiernos provinciales en un momento de incertidumbre financiera. Sin embargo, señala que la aceptación social de estos instrumentos dependerá de la confianza en el Gobierno y en el programa de implementación, recordando que en 2001-2002 estas tuvieron diferentes valores según la situación financiera de cada gobierno.

En el actual escenario, las provincias, anticipándose a posibles recortes en los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos, exploran la emisión de estos instrumentos como una solución para reforzar sus cuentas fiscales y garantizar el cumplimiento de gastos esenciales, como salarios. El proyecto presentado por La Rioja busca facultar a la administración para emitir bonos de cancelación de deudas por hasta $15.000 millones, con respaldo de los intendentes provinciales.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política (CEPA), explica que la emisión de cuasimonedas se plantea como una opción necesaria frente a las medidas de ajuste propuestas por el presidente Javier Milei, las cuales podrían afectar negativamente las finanzas provinciales al reducir la actividad y la recaudación. Letcher subraya que la emisión de deuda a futuro se considera como el mal menor en comparación con la no emisión de deuda.

En cuanto a la aceptación del instrumento por parte de la sociedad, es fundamental considerar que, según Flores, "no es lo mismo que sea un porcentaje muy pequeño en relación con la cantidad de pesos en circulación". Cuanto mayor sea la proporción respecto de los pesos, menor valor tenderán estos instrumentos, destacando así la necesidad de equilibrar la emisión para evitar una depreciación acelerada.

Un informe de la liberal Fundación Mediterránea analiza detenidamente la situación particular de La Rioja, destacando su dependencia de las transferencias de coparticipación y su limitado sesgo exportador. El informe advierte sobre posibles consecuencias, como la depreciación acelerada de los bonos locales y el encarecimiento de los impuestos nacionales en términos de cuasimoneda para las empresas locales.

En este contexto, el gobernador Quintela justifica la necesidad de la medida ante el "abandono de Nación", refiriéndose a los recortes en la obra pública y la propuesta de modificar el manejo de los fondos de Coparticipación. Anticipando un enfrentamiento legal, Quintela planea presentar una demanda por $9.300 millones en la Corte Suprema, compensación que reclama al gobierno nacional por la pérdida de coparticipación en la década de 1980.