Funcionarios y legisladores apuran las modificaciones de la ley

Funcionarios nacionales, legisladores oficialistas, el presidente de la Cámara de Diputados y, por supuesto los líderes de la oposición parlamentaria, están negociando a contrarreloj para que esta semana se pueda obtener la sanción correspondiente en la cámara por donde ingreso el proyecto llamado coloquialmente de ley ómnibus. Incluso algunos gobernadores está interviniendo en este complicado proceso.

Por el momento uno de los puntos críticos es la situación de los jubilados y las retenciones a las exportaciones de productos de las economías regionales. 

El capítulo previsional es el más discutido porque son varios los representantes opositores que no quieren que se derogue el actual sistema de actualización, por deficiente que sea, para dejar a merced de la potestad y voluntad presidencial que se aumente por decreto. Siendo que la situación fiscal va a influir en las posibilidades y en las disponibilidades de fondos para mejorar los magros ingresos del sector pasivo.

El procedimiento incorporado por el expresidente Alberto Fernández si bien permite aumentos periódicos, éstos son rápidamente superados por la inflación. Pero eliminar la ley y no remplazarla inmediatamente es un riesgo por lo cual entre las distintas alternativas que se ofrecen desde el Ejecutivo y hasta el momento con mayores posibilidades de progresar es que se elimine el capítulo correspondiente y en consecuencia siga rigiendo el actual régimen.

La grave situación fiscal del país ha puesto en el tapete el tema recaudatorio por lo que las retenciones son el centro de la discusión. Aunque se eliminaron los derechos de exportación de las economías regionales, siguen en pie los recargos a la producción del campo en general y a los derivados de la soja. Por estas horas los gobernadores del PRO, UCR y agrupaciones empezaron a deliberar para unificar los reclamos.

Con las privatizaciones las discusiones están relativamente orientadas en favor de la aprobación de la ley, podría estar asegurada si quedan fuera del capítulo las ventas de YPF, ARSAT y el Banco de la Nación.

El capítulo laboral

Las pretendidas reformas de la legislación del trabajo han quedado suspendidas a partir de las medidas judiciales impulsadas por la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia. Dado que los tiempos judiciales difieren de las necesidades de la gestión desde el Gobierno nacional se evalúa la propuesta de agregar al proyecto principal una sección referida a la reforma laboral para que sea tratada detalladamente en el Congreso.

Si las fuerzas aliadas dan el sí y prestan sus votos las modificaciones tan discutidas por el sindicalismo tendrían la fuerza de una ley formalmente sancionada por el Poder Legislativo y no pasarían por los conflictos de se desataron alrededor del DNU.