Situación crítica, paro y marcha: toma forma la resistencia universitaria al ajuste

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA), resolvieron este lunes convocar a una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril como protesta ante el desfinanciamiento de la educación y del sistema público de ciencia y tecnología implementado por el gobierno de Javier Milei.

En un comunicado conjunto, las entidades remarcaron que la movilización se enmarcará en “la situación crítica de las universidades nacionales y del sistema público de ciencia y tecnología provocada por el gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes –Alberto Benegas Lynch– que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria”, sostuvieron.

A su vez, las entidades ponderaron “la necesidad de una respuesta en unidad” para defender “la universidad pública, gratuita, laica y de calidad”. A su vez, ratificaron que este 10 y 11 de abril se realizarán las jornadas de “lucha y visibilización” en todo el país de la situación en el sector.

En esa línea se enumeraron las demandas al Gobierno, como la suba salarial para docentes, no docentes e investigadores, la financiación de las becas, el boleto estudiantil, la reincorporación de los despedidos en el Estado nacional y “aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad”.

El secretario general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), organización que compone el Frente, Carlos de Feo, ya había anticipado que se realizarían las jornadas de visibilización, “empieza el jueves con un banderazo en varios puntos del país, centrales en la Facultad de Medicina en la UBA (Universidad de Buenos Aires), a las 13:30, después se avanzará, miércoles y jueves con jornadas de protesta y visibilización”, expresó la semana pasada.

Negro panorama

La situación de las instituciones nacionales (57 en todo el país, entre universidades e instituciones) es crítica: con el mismo presupuesto que en el 2023 y con una inflación interanual que supera el 270%, el dinero disponible solo alcanzará para mayo o junio. Así lo han dejado entrever diversas autoridades universitarias en el último tiempo, de distintas universidades y posicionamientos políticos.

La primera señal concreta de problemas de funcionamiento vino desde el Sur. La Universidad Nacional del Comahue (UNComa), con sedes en Neuquén y Río Negro, informó oficialmente que, por falta de fondos, deberá dejar de pagar servicios básicos de funcionamiento como limpieza, luz y gas correspondientes a marzo.

En estas condiciones, el inicio del segundo cuatrimestre, cuando comienza el cursado más intenso, podría estar en riesgo. Así, la parálisis de hecho podría afectar, en todo el país, a más de 300 mil trabajadores docentes y no docentes y a 2,5 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras.

La rectora de la UNComa, Beatriz Gentile, en declaraciones periodísticas, señaló: “Están llegando las boletas de las tarifas de febrero. Si bien técnicamente no estamos en cesación de pagos porque nos faltan conocer algunos importes que todavía no tenemos en nuestro poder, es muy probable que sí lo estemos. Por lo que ya estamos previendo, no estamos en condiciones de pagar todos los servicios si no tenemos el refuerzo prometido”.

El gobierno de Javier Milei había prometido un incremento de 70 por ciento para los gastos de funcionamiento, pero hasta el momento ese dinero no fue recibido por las instituciones, según detallaron varios rectores. En esta línea, aunque solo representa un aumento en el 5 por ciento del presupuesto total (ya que la enorme mayoría se destina a salarios), aún no fue acreditado por las casas de educación superior.

Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) registró la semana pasada una situación parecida que fue comunicada a través de sus redes sociales. Con un consumo equivalente, el gasto en energía eléctrica en el primer bimestre del 2023 fue de 4.827.120 de pesos, mientras que en el primer bimestre de este año la cifra llegó a 20.125.103 de pesos. A partir del hashtag #universidadenemergencia difundió de manera concreta la situación que afronta tanto a su comunidad como al resto de la sociedad.

Otras instituciones ya racionalizan el uso del papel higiénico como la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde la UBA, advirtieron que ya corren serio riesgo de interrupción las actividades de los hospitales universitarios, a los que en muchos casos se van a atender y realizar tratamientos pacientes sin obra social.

Esta situación desesperante había sido advertida por la UBA a finales de marzo, cuando lanzó un spot oficial con la leyenda “Ciudemos lo que funciona”. En la misma línea se inscribió el festival Elijo crecer: Ciencia x Argentina, que durante sábado y domingo en más de 100 ciudades distintas, reunió a científicos y universitarios en plazas y espacios públicos para compartir con la sociedad lo importante que es apoyar la continuidad de los sitios de producción de conocimientos.

En otra acción de visibilización de la crítica situación, este lunes diez rectores de universidades públicas nacionales, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fueron al Congreso nacional para pedir ayuda: presentaron un crítico estado de situación y solicitaron que se trate allí la actualización presupuestaria para las universidades.

La versión del Gobierno

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, afirmó en declaraciones al diario La Nación: “Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades, cosa que sí hubo previamente. Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre del 2022. El último año de Alberto Fernández estuvieron congelados y eso se ha corregido, se lo ha elevado un 70 por ciento. Nosotros estamos recomponiendo la situación, son buenas noticias, más que malas", aseguró.

A su turno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo: "Las partidas estuvieron congeladas en el 2023 y no escuché quejas el año pasado, todas las quejas de repente vienen con el presidente Milei. Por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes, es un problema que las universidades plantean no para ahora, para un futuro".

Las desmentidas a la versión oficial

La refutación a la postura oficial sobre el presupuesto universitario, llegó rápido. El mismo lunes por la parte, el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Jorge Aliaga, mostró algunos números elocuentes: la cuota mensual acordada por CIN y el gobierno de Fernández para el 2023 fue exactamente de 5.926.971.777 pesos mensuales, mientras que lo ya acordado para este año era de 15.669.654.798 pesos. Sin embargo, la cuota con el aumento del 70 por ciento en marzo pasado (que en muchos casos no se ha hecho efectiva) fue de 10.075.851.995 pesos. “En el medio hubo una inflación anual del 210 por ciento. Tanto en el 2023 como el año anterior, cuando aparecía una disparada inflacionaria superior a la proyectada, se asignaban ajustes a esa cuota acordada”, detalló.

"Lo que dice el secretario Torrendel es falso, porque hubo un incremento presupuestario en el presupuesto general del 2023 y una duplicación de los gastos de funcionamiento en noviembre y diciembre del mismo año", aseguran desde la gestión anterior de Educación.

Guillermo Durán, actual decano de Exactas, suma el detalle de que esos gastos de funcionamiento representan menos del 10% del presupuesto universitario: resta la masa salarial. "En el trimestre diciembre-enero-febrero dieron 16 por ciento de aumento. Con inflación de 70 por ciento, perdimos monstruosamente, es un tercio del valor real de nuestros salarios", calculó, y dijo: "Hay muchas cosas que ya no vamos a poder pagar, lo último que queremos y que va a pasar es cerrar la facultad. Pero puede pasar que la realidad nos cierre".

A su turno, el diputado nacional radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, mintió “premeditadamente” al afirmar que el Gobierno aumentó 70% las transferencias a las universidades nacionales, y señaló que lo que realmente ocurrió, fue “un brutal recorte” de 80%.

A través de la red social X (Twitter), Yacobitti dijo: “Lamentablemente, el viernes pasado el vocero presidencial mintió premeditadamente al afirmar que no entiende el reclamo de las universidades, alegando un aumento de 70% en los gastos de funcionamiento desde marzo. Pero veamos los datos...”.

“Durante el 2023, el presupuesto devengado en gastos de funcionamiento (educación y hospitales) fue de $26.152 millones. La inflación acumulada de enero 23 a marzo 24 es de 325,1%. ¿El resultado? Una necesidad real de casi $90.000 millones para la UBA”, explicó.

Y luego se preguntó: “¿Qué asignó realmente el Gobierno? Apenas $20.000 millones, incluyendo el supuesto aumento del 70%. Esto implica un brutal recorte del 80% en los gastos de funcionamiento, afectando gravemente a hospitales y universidades”.

Recalcó, además, que “los salarios docentes y no docentes, que representan el 90% del sistema educativo, han perdido un 35% de su poder adquisitivo en solo cuatro meses”.

Finalmente, Yacobitti afirmó que “la realidad detrás de las cifras desmiente la afirmación oficial. Es hora de reconocer la gravedad de la situación y tomar medidas concretas para garantizar la calidad y el futuro de la educación y la salud en nuestro país”.

Con información de Mundo Gremial, Noticias Argentinas y La Mañana de Neuquén