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El Senado dio media sanción a la derogación de la Ley 9.209

Ahora se espera que los diputados dejen en plena vigencia a la Ley 7.722 en todo el territorio de Mendoza

Por Redacción

30 de diciembre, 2019 - 15:44

Con votos 34 a favor y votos 2 en contra, el Senado provincial echó por tierra la ley minera 9.209, una de las normas con efectos más cortos en la historia de Mendoza.

Los senadores que votaron en contra Hilda Quiroga y Gladys Ruiz, ambas originarias del departamento de Malargüe. El senador Pablo Priore del PRO, había adelantado su voto en contra, pero se ausentó en el momento de la votación.

El desenlace se da luego de masivas manifestaciones de mendocinos que rechazaron el uso de sustancias contaminantes en emprendimientos mineros.

El pedido de derogación llegó desde el Poder Ejecutivo provincial, luego de que fracasaran los intentos de diálogo que había convocado el gobernador Rodolfo Suarez.

El vicegobernador Mario Abed indicó en las salas contiguas a la de sesiones de la Legislatura que "hoy se deja en plena vigencia la 7722". "Hemos escuchado y junto con el gobernador estuvimos en distintas reuniones con los distintos actores sociales que pretendía la derogación de esta ley".

A la tarde será el turno de los diputados para que quede sin efecto la norma legal que fue sancionada y promulgada el viernes 20.

De esta manera se vuelve al estadio anterior con la prohibición taxativa del uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos.

Tal como dijo Suarez, él es el garante de la paz social y decidió no continuar con una ley que, según sus palabras, es legal pero no legítima.

Ambientalistas en las afueras de la Legislatura. Foto Delfo Rodríguez

Mientras en las afueras de la Legislatura, cientos de ciudadanos se mantienen en vigilia hasta que la derogación de la Ley 9.209 se concrete. Se espera que la Ley 7.722 quede en plena vigencia en todo el territorio provincial.

El argumento esgrimido por Suarez de que la explotación minera en Mendoza iba a inducir a la creación de miles de empleos para reducir el 40% de pobreza no fue convincente. Prevaleció el temor a que los mendocinos perdieran la calidad de un agua que por ahora no cuidan.