|27/08/18 10:31 AM

Próvolo: denuncian presiones de la Iglesia sobre la Justicia

El abogado querellante, Sergio Salinas, asegura que “el Poder Judicial no es independiente”.Se basa en la falta de respuesta del Obispado a los requerimientos, una desobediencia a la ley que en este caso no es penalizada como corresponde

27 de agosto, 2018 - 12:05

En referencia al sonado caso Próvolo, el abogado querellante Sergio Salinas, de la Fundación Xumek, ha expresado en sucesivas denuncias formales incluidas en el abultado expediente que “la Justicia de Mendoza está bajo el pie de la Iglesia católica”.

Esto es, de acuerdo al profesional, “por la forma en que se ha comportado ante esta grave cuestión no respondiendo oficios y cuestionarios judiciales, del nuevo arzobispo Marcelo Colombo y el encubrimiento que le ha dado a los curas involucrados”.

La molestia del abogado no es aislada y es representativa de lo que siente una parte de la comunidad mendocina ante lo incierto de una fecha para el esperado juicio que juzgue a los acusados de abuso sexual, los administrativos José Bordón y Armando Gómez y los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi.

El Ciudadano habló con Salinas, quien se refirió a la actitud de la nueva cabeza de la Iglesia católica mendocina de no hablar del tema Próvolo.

“Siento indignación porque desde el punto de vista institucional, un representante de la Iglesia católica lo único que demuestra aún más es que se sigue cubriendo este tipo de conductas como los abusos cometidos”, expresó el letrado. 

“Nosotros hemos hecho una denuncia contra la conducta de la Iglesia, encabezada por Dante Simón, donde no solo no ofrecen ayuda, sino que además ocultan pruebas porque no entregan la solicitada.

Esto produce bronca porque es una suerte de accionar delictivo, entonces uno, ante un delito de ese tipo, reacciona con mucha indignación”, aseguró Salinas.

El abogado de Xumek, Sergio Salinas.

A la pregunta de si lo que denuncia tiene que ver con la falta de fecha para el juicio, el profesional respondió: “Sí, por supuesto, y esto solo se prolongará en la medida en que el Poder Judicial siga estando bajo el pie de la Iglesia católica apostólica y romana”. 

Y agregó: “Si nosotros tenemos juicio este año es porque queda un sector de la Justicia que es independiente, o al menos intenta hacerlo. Hasta ahora lo que notamos es una presión muy fuerte. Porque por ejemplo los oficios no son respondidos como indica la ley”.

“En cualquier circunstancia la persona que resiste a los mismos o no los responde puede ir presa. Sin embargo la Iglesia católica no responde oficios y en la medida que nos mantengamos así, con esta suerte de impunidad, tenemos miedo de que la Justicia no avance”, consideró el querellante.

“Creo –opinó más adelante Salinas– que la tarea de ustedes (los periodistas) es muy importante para darle luz a esta oscuridad en que se pretende colocar el caso. Y lo digo por las declaraciones falsas que ha realizado el nuevo arzobispo, Marcelo Colombo. Es mentira que hayan prestado ayuda, por el contrario, ocultan todo lo que más puedan”.

 

“Falta identificar a otro cura comprometido”

Nuestro diario le consultó al abogado si faltan más pruebas para el juicio, a lo que Sergio Salinas respondió que “todas las pruebas están listas y quedan pequeños detalles a ultimar por cuestiones que solicita la defensa de los imputados, a lo que nosotros no queremos interponernos para no crear futuras ilegalidades. Queremos un debido proceso legal donde se respete el derecho de defensa. Y lo digo porque estamos hablando de personas vulnerables (las víctimas) que tras declarar por primera vez no queremos que lo hagan nuevamente. Sobre todo si son niños. Le aclaro que no hay ninguna declaración dentro de este proceso que se haya hecho de espaldas a la defensa”, explicó Salinas. 

“Nosotros, desde Xumek –dice más adelante Salinas– hicimos un pedido expreso en el año 2016, de que si se toman testimoniales a personas en estado de vulnerabilidad se haga en Cámara Gesell y ante la presencia de psicólogos, para que después no se solicite nuevamente una testimonial. Es decir todo dentro de un real proceso legal, para que luego no vengan ciertos defensores a poner en entela de juicio lo declarado por las víctimas”.

Con respecto a si habría más imputados, el representante de la querella aseguró: “No nos caben dudas de que los que ya están son los indicados para responder por los aberrantes hechos sucedidos en el Instituto Próvolo. Es decir que hablamos de diferentes esferas de responsabilidades: el que hizo, el que miró lo que hizo y el que no hizo porque no investigó o no denunció sabiendo lo que pasaba”. 

“El cura, la monja y la directiva, ahí tenemos los tres niveles. Todos ellos sindicados por las no menos de 30 personas que han declarado. Pero se debe tener en cuenta que todavía no declararon más de 200 personas, lo que significa una suerte de Caja de Pandora que no sabemos a dónde va a parar. Porque puede significar más hechos con los mismos imputados o que se agreguen”, detalló Salinas.

“Y en ese sentido nosotros tenemos una prueba con otro cura que está dando vueltas y que no sabemos su identidad. Ahí también la Iglesia no aporta datos. Por eso  hemos denunciado a la Iglesia católica y a Dante Simón por encubridores. Ese expediente lo lleva el fiscal Juan Ticheli”, reveló.

Finalmente, Salinas profundizó conceptos expresando que “la actitud de la iglesia y su nueva cabeza en Mendoza es solo querer ocultar este hecho aberrante y los abusadores que lo produjeron. Son encubridores de hechos delictivos y así lo hemos agregado como denuncia en el expediente del caso”. 

“Es triste y duro que la Iglesia católica actúe como un club cubriendo a sus amigos. Es decir, está cubriendo a curas que han cometido abusos, algo sobre lo que la cúpula de la Argentina y el Vaticano se han expedido”, remarcó el letrado.

 

Un caso que conmociona a Mendoza:

El fiscal Gustavo Stroppiana tiene a su cargo el sonado caso de los presuntos abusos sexuales y corrupción de menores cometidos en el Instituto Próvolo contra chicos hipoacúsicos, en el que están involucrados los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además de los administrativos José Bordón y Armando Gómez

Stroppiana pidió la elevación a juicio de la causa a mediados de mayo de este año, avalado por la jueza de Garantías Alejandra Alonso, que desestimó planteos de la defensa de Gómez, quien debe ser enjuiciado por al menos seis hechos de abuso sexual que se le endilgan.

Desde entonces se espera que se fije la fecha para enjuiciar a los acusados, algo que se viene demorando sin una causa que lo justifique.

Tal como están las cosas, se esperaba que el comienzo del juicio sería apenas finalizada la feria judicial de julio, pero debido a las dilaciones denunciadas con énfasis por la querella, algunos incluso hablan de que podría ocurrir recién a principios del año próximo. 

Hay otros diez imputados por estos episodios que están involucrados en otras dos causas, siendo las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez las más representativas de la segunda de éstas.

Al respecto, la querella ha pedido que –más allá de ser causas separadas– el proceso en juicio sea unificado, teniendo en cuenta que los denunciantes son individuos vulnerables debido a su discapacidad.

Si bien solamente Bordón y Gómez habían planteado objeciones, la jueza Alonso debió resolver por los cuatro imputados.

Un detalle que más llamó la atención por lo escandaloso, es el hallazgo de cartas con un alto contenido sexual y dibujos obscenos que comprometerían la situación del cura Corbacho.

Las notas estaban escondidas adentro de un baúl en la habitación del sacerdote y fueron encontradas durante uno de los allanamientos que se ordenaron después de las denuncias.

 

MÁS NOTICIAS: