Voladura de Río Tercero: la Justicia convocó a una audiencia entre víctimas y el Estado
La cita se hará el 19 de abril ante el pleno de la Cámara Federal de Córdoba. Se trata de una demanda por daños y perjuicios derivada de la causa penal
Por Redacción
La Justicia federal de Córdoba convocó a una audiencia de conciliación en el marco del juicio civil por el caso de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. La cita será entre a las víctimas, ocurrida en 1995, y a las autoridades de los ministerios de Economía y Defensa.
Se trata de una demanda por daños y perjuicios derivada de la causa penal. En el proceso fueron condenados el exdirector de la empresa Fabricaciones Militares, Jorge Antonio Cornejo Torino; el director de Producción, Carlos Franke; el exdirector de Coordinación Empresaria, Edberto González de la Vega (13 años de prisión); y el exjefe de Producción Mecánica, Marcelo Gatto (diez años).
Estas condenas se concedieron debido a que fueron juzgados por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, a raíz del fallecimiento de siete personas. Las sentencias fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mayo del 2021. Por esto, la demanda civil apunta a los militares condenados y también al Estado nacional.
De esta manera, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, llamó para el próximo 19 de abril, a partir de a las 10, “al apoderado del accionante, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Economía y a Fabricaciones Militares de Río Tercero, en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar”.
La demanda
El documento sostiene que “el relato de este hecho resultaría increíble si no se precisara en tiempo pasado, porque resulta inimaginable que se pueda haber actuado tan negligentemente”.
La demanda, patrocinada por el abogado Mario Ponce, afirma: “Como lo manifiesta el auto de procesamiento dictado en la causa, los explosivos no son compatibles con conductas culposas, en este caso la culpa llevada al extremo”.
Por esto, se persigue una reparación pecuniaria que, atento al paso del tiempo y los vaivenes de la economía argentina, deberán acordar las partes si concilian o definir el tribunal en el caso de una sentencia condenatoria.
Por último, las víctimas advirtieron que llegarán hasta la última instancia de la Justicia e hicieron reserva de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso
Las explosiones de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, causaron la muerte de siete personas y dejaron más de trescientos heridos. La Justicia condenó a las autoridades de la fábrica, ingenieros y militares retirados, y concluyó que el móvil del atentado fue encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
Con información de NA