Reunión del Gobierno y la CGT, "sin vencedores ni vencidos"

“No hubo ni vencedores ni vencidos. Sí hubo sensatez, criterio… razonabilidad...”, comentó uno de los dirigentes cegetistas que este miércoles estuvieron reunidos con el jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Nicolás Posse, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Interior, Guillermo Francos.

“Las palabras están bien, pero ahora nosotros necesitamos hechos, algo concreto”, agregó otro de sus colegas, dando por sentado que no está todo dicho sobre la decisión que tomará hoy la central obrera para mostrar su disconformidad con una parte de la ‘Ley Bases’ que propone el Gobierno nacional. Sobre todo en lo que se refiere a los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponen en riesgo su esquema de poder.

Aunque en su primera reunión oficial con funcionarios de la Casa Rosada a los miembros de la CGT les fue mejor de lo que esperaban, las conclusiones todavía no serían suficientes como para evitar que este jueves se decida un paro general de 24 horas cuando delibere el Consejo Directivo en la sede de Azopardo 802.

Al menos los sindicalistas se sintieron escuchados por dos ministros importantes del Gabinete, que llegaron a pedirles disculpas, en especial de Caputo, por algunos cortocircuitos en la relación y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70/23, y les prometieron discutir el contenido de una “modernización laboral” (definición que reemplaza a “reforma”, una mala palabra en el diccionario sindical desde la llamada ‘Ley Banelco’) para incluirla en la ‘Ley Bases’, pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponían en riesgo su andamiaje de poder.

Al respecto, los funcionarios aclararon que el nuevo intento será impulsado por los legisladores de la oposición dialoguista, pero aseguraron que ahora se buscará consensuar su contenido con la CGT, para lo cual se armaría una “mesa técnica” con el compromiso de eliminar los artículos más cuestionados por el sindicalismo, como el que limita la ultraactividad de los convenios, el que pone trabas a la cuota solidaria y el que establece que las empresas ya no están obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de su personal.

Pero un nuevo conflicto se perfila para el oficialismo, y es que más allá de la cuestión semántica, el proyecto de modernización laboral que se incluirá en la ‘Ley Bases’ para apurar su sanción será presentado este jueves por los diputados nacionales de la UCR, aunque, según trascendió, reproducirá el capítulo laboral del DNU. Esto significa que su contenido será el mismo que el Gobierno nacional ahora prometió eliminar para buscar la aprobación de la CGT.

Reclamos

En la reunión tuvo un protagonismo inesperado Hugo Moyano, el titular del Sindicato de Camioneros, quien planteó los problemas que le genera la no homologación de su última paritaria. Como en otras ocasiones, el histórico dirigente reemplazó a su hijo Pablo –mucho más combativo y menos diplomático–, lo que acostumbre a hacer cuando se trata de ocasiones que pueden complicar las discusiones.

Moyano fue el único que pudo estar a solas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, lo que aprovechó para dejarle una carpeta con los detalles del acuerdo salarial, y después ambos decidieron seguir hablando sobre el tema este jueves, justo el día en que está previsto un plenario del gremio para organizar medidas de fuerza, que ahora se postergarían a la espera de algún resultado positivo que haga bajar los decibeles en el conflicto.

Por otra parte, los miembros del Ejecutivo les solicitaron a los delegados cegetistas un “acompañamiento durante dos o tres meses” con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron, a través de Cordero, que se acelerará el ritmo de las homologaciones paritarias que se acumulan todavía sin aprobar en la oficina del funcionario.

En la reunión los dirigentes gremiales plantearon sus quejas por las consecuencias de los despidos en el Estado, la falta de homologación de las paritarias, el ajuste, la situación de los jubilados y la “criminalización” de la protesta y uno de los que planteó los reclamos con más dureza fue José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quien incluso protestó por la crisis de las obras sociales.

Un nuevo capítulo de esta conflictiva relación entre el Gobierno y la central obrera se escribirá este jueves en la sede de Azopardo 802. El oficialismo, necesitado de consensos para concretar sus reformas sin que se abroquelen todos sus opositores, abrió las puertas ayer a un sindicalismo que sigue dividido, pero que buscará aprovechar el incipiente diálogo mostrando su poder frente a una Administración que probablemente tenga que soportar otro paro general en algunos días más.