Está en la Corte Suprema el amparo de la CGT que congeló las reformas laborales del DNU
La Cámara del Trabajo resolvió elevar al máximo tribunal el recurso extraordinario presentado por el Gobierno
Por Redacción
La Cámara Nacional del Trabajo concedió este jueves el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y elevará a la Corte Suprema de Justicia la causa de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica emitido por el presidente Javier Milei, cuyo articulado es discutido en estos días en comisiones de la Cámara de Diputados en busca de ser sancionada en el recinto.
En su resolución, la Cámara interviniente expresó que “aún cuando no se compartiese tal tesis, existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior (la Corte Suprema) por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso de la Nación”.
De esta manera, la Cámara, con la firma de los jueces Carlos Pose y Alejandro Sudera, resolvió conceder el recurso extraordinario "con efecto devolutivo”.
La decisión de elevar el expediente a la Corte "con efecto devolutivo" implica que la medida cautelar que suspende ese tramo laboral del decreto sigue operativa hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal.
Con esta, la Corte ya tiene en su poder dos causas contra el DNU. La primera es un amparo que presentó directamente en el tribunal el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, y la segunda es este expediente de la CGT.
La central obrera considera que el DNU 70/2023 viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes" en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución nacional.
El capítulo que objeta la principal representación sindical contempla, entre otros puntos, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses y cambios en el sistema de indemnizaciones.