Corrupción alimentaria: Milei y Pettovello cambian el juego
Milei y Pettovello lideran un cambio sin precedentes en la distribución de alimentos, poniendo fin a prácticas corruptas
Por Redacción
En una medida innovadora, el gobierno de Javier Milei, encabezado por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, está a punto de transformar la provisión de alimentos en instituciones públicas. El eje central de este cambio es la eliminación de proveedores tradicionales del Estado conocidos por imponer precios inflados, una práctica desenfrenada durante el mandato de Alberto Fernández y su ministro Daniel Arroyo.
Esta medida transformadora del gobierno de Javier Milei, busca abordar problemas de larga data dentro del sector, poniendo fin a los escándalos relacionados con la calidad deficiente de los alimentos y los precios exorbitantes. La solución directa de Pettovello implica dirigir los fondos directamente a las cuentas de ahorro de los beneficiarios, eliminando intermediarios y los costos exorbitantes asociados con la casta de proveedores que tiene vínculos estrechos con el gobierno.
Mala gestión en administraciones anteriores
Durante la administración de Alberto Fernández, numerosos escándalos empañaron al Ministerio de Desarrollo Social, especialmente bajo la dirección de Daniel Arroyo. Incidentes de alimentos de baja calidad y aumentos de precios injustificados empañaron la reputación una vez estelar del ministerio. A pesar de las protestas públicas y la pérdida de aprobación social, hubo cambios mínimos en las prácticas de adquisición del ministerio, con compras excesivas continuando a lo largo de 2020.
Las empresas implicadas en el escándalo, como Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL y Alimentos Generales SA, fueron acusadas de negocios cuestionables. Estas empresas, parte del establecido Grupo L y otras con vínculos políticos, supuestamente se dedicaban a revender productos sin una producción real. Las explicaciones proporcionadas para los sobreprecios fueron vagas, citando la escasez, los pagos demorados del gobierno y la logística de emergencia involucrada. Surgieron acusaciones de que estas empresas eran meros intermediarios, obteniendo beneficios de comisiones y aumentando los costos generales, algo que Milei evitará en su gestión.
A pesar de la investigación interna y del compromiso de Arroyo con precios controlados, el ministerio continuó lidiando con prácticas de adquisición descontroladas. La exoneración eventual de Arroyo en febrero de 2023 poco hizo para borrar la mancha del escándalo, lo que finalmente llevó a su partida y al nombramiento de Victoria Tolosa Paz, cuyo mandato se caracterizó por mantas costosas y calidad comprometida de los alimentos.
Proveeduría Integral MC S.R.L., una empresa con un historial de éxito en licitaciones del Estado, fue señalada en las compras masivas de alimentos. La compañía, creada en 2019, ha participado y ganado licitaciones con el Estado desde su creación, destacándose por sus adquisiciones millonarias y cuestionables.
Otro caso revelador de sobreprecios y la casta de proveedores en el Ministerio de Desarrollo fue el escándalo de las frazadas de este mismo año. El ex Ministerio de Desarrollo Social gastó $1069 millones en la compra de 80 mil frazadas que llegaron en primavera y las pagó hasta un 177% más caras que en el mercado.
La compra millonaria, firmada junto al entonces Jefe de Gabinete Agustín Rossi, generó fuertes críticas debido al sobreprecio y el momento inoportuno de la adquisición. Incluso la Diputada de la UCR, Soledad Carrizo, elevó un pedido de informe y solicitó mayor transparencia sobre la transacción.
Las dos empresas proveedoras involucradas, Grupo Sala y la Cooperativa Manos Berissenses, no son nuevas en vender productos textiles al Estado, habiendo participado en licitaciones anteriores y ganando contratos. Este último caso reafirma la connivencia nociva entre los funcionarios de turno y los empresarios de siempre.
Los desafíos en la distribución de alimentos no son exclusivos del Ministerio de Desarrollo Social nacional. En Lomas de Zamora, hubo un caso emblemático durante las festividades de 2022.
Los panes dulces que formaban parte de la Caja Navideña del programa provincial MESA llegaron con gorgojos. Forzada por la situación, la empresa Rey de Oro emitió un comunicado culpando a los beneficiarios del plan social en lugar de asumir la responsabilidad por los productos en mal estado.
Con esta modificación trascendental en la asignación de recursos, el Poder Ejecutivo Nacional busca poner fin a estos episodios y corregir una modalidad que favorece una connivencia nociva entre los funcionarios de turno y los empresarios de siempre.