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Alberto Fernández envió el proyecto de aborto legal al Congreso

A través de sus redes sociales, el presidente aseguró cumple con el compromiso asumido durante la campaña. También envió el Plan de los 1.000 días, que busca prevenir la violencia y proteger a los niños de hasta tres años

Por Redacción

El presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de los proyectos de la interrupción voluntaria del embarazo y de Plan de los 1.000 días, y consideró que "la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva su capacidad productiva, muchas a veces afectada por abortos inseguros".

El mandatario aseguró que "el Estado no debe desentenderse" y pidió un "diálogo franco y de respeto" en el Congreso de la Nación, en un mensaje que difundió por las redes sociales.

"El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten", afirmó.

El mandatario agregó que "las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal" y señaló que "ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica".

"Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre", argumentó.

En ese sentido, dijo que el "dilema a superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino".

"La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos", añadió el jefe de Estado.

Sobre el programa de los 1.000 días, sostuvo que busca "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta tres años de vida".

 

La palabra de Elizabeth Gómez Alcorta,ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Este martes, tras el envío de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político por parte del gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud. 

Elizabeth Gómez Alcorta (Archivo)

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.

Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura. Desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”, explicó. 

Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares”, señaló la ministra. 

La ministra también agregó que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.

Según explicó Gómez Alcorta, la legalización también tiene un efecto directo en el uso eficiente de los recursos públicos ya que permitiría disminuir los gastos derivados de las internaciones generadas por abortos inseguros y los tratamientos por las complicaciones derivadas de ellos. 

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.