Dictaminaron la inhibición de bienes de Alberto Fernández
La medida del juez Ercolini incluye a otros funcionarios y empresarios
Por Redacción
La Justicia dictaminó esta noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la causa de los seguros.
Así lo decidió el juez Julián Ercolini; en tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo.
La inhibición general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fernández. La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María María Cantero.
Según precisaron esta noche fuentes judiciales, la medida del juez Ercolini fue decidida luego de un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo e implica que hay más evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria.
La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la presidencia de Alberto Fernández.
Allanaron diversos barrios privados, como el country Diciembre en Campana, Laguna del Sol en Tigre y Country Abril de Berazategui. Además, se hicieron procedimientos en las oficinas del actual gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, ubicadas en San Martín 913, CABA. También se allanó su casa de Cabrera al 3900. Otra de las dependencias que fue parte del operativo fue la sede de San Germano Seguros, en Manuela Sáenz 323.
Eso dio lugar a la intervención de intermediarios y organizaciones entre los que están Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Alberto Castello, como con las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.
De acuerdo a la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.