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El huracán Teresa sigue devastando a la Corte de Mendoza

Cuando a finales del pasado mes de junio todo el arco opositor le comunicaba al vicegobernador Mario Abed que no participaría del proceso de análisis de pliegos de la candidata María Teresa Day a ocupar una banca como ministra de la Suprema Corte de Justicia, nadie midió con detenimiento la tormenta que sobrevendría para la institucionalidad mendocina.

Legisladores y juristas al unísono expresaron que era improcedente la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo, por algo muy simple y a la vez trascendente: no se encuadraba en el Inciso 3 del Artículo 152 de la Constitución provincial.

Todo un impoluto aspecto que no fue mirado o no quiso ser mirado como correspondía y sobre él fue preferible arrastrar la cuestión al oscuro lodo de la cinchada política.

La historia, hasta nuestros días, ya se conoce. Escandalosas audiencia pública y sesión de acuerdo, respectivamente, donde sí o sí Day debía ser consagrarla miembro de la Corte.

Ni hablar de la audiencia pública organizada por la Sala 2 del máximo órgano de Justicia de la provincia, donde convergieron juristas e instituciones de abogados de todo el país, declamando y reclamando, sin contradicción alguna, que la mujer no poseía 10 años de ejercicio pleno de la profesión de abogada y 8 años en la magistratura, puntos clave que encierra el referido artículo de la Carta Magna mendocina.

Sin embargo y pese a todo, el barro de la política no permitió proceder jurídicamente y como corresponde a un poder del Estado. El oficialismo, haciendo gala de aspectos impunes que sorprendieron, decidieron que Teresa Day tenía que estar en ese lugar, que la sensatez y el correcto proceder se lo impedían.

Después de la audiencia pública que presidió el titular de la Sala 2, Omar Palermo, se suponía que la Suprema Corte decidiría sobre el tema para sellarlo de algún modo. Paso que no se ha dado hasta contar con el último elemento, el pronunciamiento de la Fiscalía de Estado, donde la oposición también había concurrido para expedirse sobre el artículo 152.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, ya se pronunció. Para algunos dirigentes, con llamativa premura cuando en sus oficinas hay muchos temas de los cuales todavía no ha resuelto y con mucha más antigüedad que el caso Day.

Sin embargo, el funcionario hizo lo que le pidieron y cerró el expediente que tenía en primera fila en su escritorio, dando su parecer.

Para muchos observadores, don Fernando, con corazón peronista, debía hacer su aporte, y si bien ese aporte podría haber esperado más tiempo para darse a conocer, el tema es que debía hacerse ahora, sin dilación alguna, ante tanta lucha en la trastienda de la política mendocina que conllevan justicialistas y radicales, fundamentalmente el sector cornejista.

De allí que la posición del fiscal de Estado –que es acertada y se ajusta al derecho constitucional, por lo que María Teresa Day, no puede ser miembro de la Corte– tenía que tomar estado público para ahondar más en el tema.

Con objetivos claros y precisos, mostrar que la Corte de Mendoza tiene un miembro entrado por la ventana y que muy lejos está de detenerse la dura puja pejotista y ucerreista sobre el control de la Justicia local. Quizá, por algo muy groso en el futuro que determinaría aspectos sumamente importantes en el manejo del poder.

Todo eso conlleva el dictamen del fiscal de Estado, que no es vinculante y es solo eso, un pronunciamiento. No determina nada, no cambia nada, nada de nada, salvo, claro está, que quien haga algo con este pronunciamiento en manos sea la propia Corte.

Otro punto difícil, porque si se decide sobre Day, también debe hacerse con Dalmiro Garay, ya que, según sectores opositores, le restaría sustento jurídico a la Acordada 29552 que lo designó presidente del máximo organismo de justicia, con la firma de la cuestionada ministra Day.

Como se nota, el fiscal de Estado Simón con su dictamen removió una pelea que no tiende a diluirse por el bien de la institucionalidad de la Provincia.

Un estado de situación que podría seguir per saecula saeculorum, transformando a la Justicia provincial en un campo de batalla minado de demandas de inconstitucionalidad cada vez que la observada ministra intervenga en un fallo, por lo que el huracán Teresa mantendrá intensidad categoría 5 sobre la devastada Suprema Corte de Justicia.