Preocupación por la situación financiera de la OSEP

Una enorme preocupación ha despertado el estado de situación de la principal obra social de la provincia, la OSEP. Hay muchos cuestionamientos a lo que sucede en ella, algunos de ellos recurrentes en el tiempo, como la representación gremial de los empleados estatales, por caso SUTE, ATE y Judiciales, que increíblemente no están en el directorio que representa al grueso de los trabajadores públicos. Una lucha que lleva mucho tiempo y muchas administraciones provinciales.

Pero quizá las preocupaciones están centradas en las prestaciones, el manejo de los fondos, la deuda con proveedores y la atención a niños y adultos con discapacidades. Esto último, con sostenida cinchada entre familiares y diferentes administraciones –incluida la actual– sin que se llegue a un acuerdo, a pesar de que la Provincia cuenta con una ley que especifica competencia y alcance de prestaciones que deben recibir las personas con discapacidad.

Cada exposición y denuncia, como las realizadas ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado provincial, no fueron respondidas por la obra social. Y tampoco los requerimientos periodísticos para conocer la posición sobre cada tema observado.

En el tema de la deuda que tendría con acreedores, el diputado provincial Mario Vadillo intimó a los directivos de la OSEP, invocando los artículos 248 y 260 del Código Penal, para que regularicen las deudas con sus prestadores y que denuncie si el Estado se retrasa en el depósito de haberes debitados a los afiliados.

Para el legislador, la OSEP “recibe mensualmente el 6% de los aportes de casi medio millón de afiliados y otro 6% que entrega el Estado como patronal. Debería funcionar a la perfección y sin embargo el Gobierno de la provincia tuvo que subsidiarla con dinero público por un monto de $2.225 millones”.

“Derechos vulnerados”

En medio de esa complicada situación, se presentaron ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado afiliados y organizaciones que los representan.

Tras el encuentro, la titular del organismo legislativo, senadora Cecilia Juri, expresó: “Nos plantearon situaciones que tienen carácter de urgente porque realmente se están vulnerando derechos al no poder ser atendidos en tiempo y forma. El detalle es que estos reclamos han sido elevados a la sede central de la obra social y a sus respectivas delegaciones, pero nunca han tenido respuesta, según lo plasmaron por escrito ante esta comisión”.

Observaciones del tribunal de cuentas

La legisladora observó después que “se acrecienta la preocupación por esta situación grave, como por ejemplo que en el año 2016 hay un montón de gastos que no fueron imputados, y además que en el año 2019 el Tribunal de Cuentas comenzó a alertar de esta situación, que hoy no tiene respuesta por parte de quienes administran la obra social”. 

Caída de las prestaciones

“Enumerando los puntos de denuncias -agregó Juri- hemos plasmado en un acta legislativa los aspectos para ser investigados, como suspensión de prestaciones, afectación en la atención y derivación postergada durante meses. Además, se dieron de baja algunas especialidades, como odontología, psiquiatría y psicología”. 

“El departamento de San Rafael no cuenta con ambulancia y la asistencia domiciliaria es precaria en toda la provincia, agravándose en el interior. Se detectó excesiva burocracia para las prestaciones a personas con discapacidades crónicas y genéticas”, agregó.

Y resaltó que “los profesionales del Círculo Médico cortaron la atención y elevaron en algunos casos el valor del coseguro debido a la falta de pago de la OSEP. En el caso de los profesionales bioquímicos, también disminuyeron la cantidad de análisis clínicos que brindan”.

Al finalizar su relato, la senadora advirtió también que “se denunció violación de la Carta Orgánica en cuanto al Directorio, que es elegido por el Gobernador y no hay representación de los trabajadores ni jubilados. Todo lo cual necesita tratamiento urgente”.

Docentes piden representación en el directorio

En tanto, los educadores de la provincia canalizaron sus inconvenientes con las prestaciones de la obra social a través del Sindicato Unidos Trabajadores de la Educación (SUTE). Al respecto, su secretario general, Sebastián Henríquez, expresó: “Hoy gran parte de la sociedad se entera de algo que nosotros venimos denunciando hace tiempo, y es que la obra social tiene un enorme déficit  que se expresa en una caída de la cobertura”.

Cuando nuestro diario le preguntó cómo se traduce eso, reflexionó que “la crisis de salud en el sector estatal es tremenda y mucho más aguda fuera del Gran Mendoza. Sobre todo, con las compañeras y compañeros del Sur de la provincia, el Este y del Valle de Uco, que sostienen situaciones dramáticas”.

“Por ejemplo con tratamientos oncológicos, en donde tenemos que estar persiguiendo a la obra social para que sean cubiertos. Docentes con hijos con discapacidad u otro tipo de situaciones muy graves, que incomprensiblemente no son cubiertas por la OSEP”, señaló el dirigente docente.

Al referirse al pedido de la docencia mendocina de contar con una representación del SUTE en el Directorio, Henríquez, explicó: “Somos 33 mil docentes en toda la provincia que, junto a otros compañeros estatales, sostenemos la obra social, pero increíblemente no podemos representarlos en el directorio de la OSEP. Por eso toda la información del manejo de sus números la conocemos a través de los medios periodísticos”.

“A nosotros se nos ha bloqueado toda posibilidad de estar dentro de la OSEP. Al respecto, este año el Gobierno llevó a cabo una maniobra escandalosa al modificar la carta orgánica de la obra social para que solo el Gobernador elija a los representantes de los trabajadores”, denunció.

Finalmente, el titular del SUTE advirtió: “No solo estaremos frente a las comisiones de Derechos y Garantías de Diputados y Senadores, si no también ante los estrados judiciales. Nuestros docentes, verdaderos beneficiados de la obra social, lo necesitan y lo merecen”.