El Gobierno avanzó en una fuerte regulación de las prepagas pero con pocas herramientas

En respuesta a los elevados incrementos de los planes, sorpresivamente, el gobierno de Javier Milei anuncio este miércoles que intentará que las empresas de medicina prepaga retrotraigan los aumentos a diciembre del 2023 y reintegren a los usuarios la diferencia entre el IPC del periodo y las subas de las cuotas (91% versus 165%, respectivamente).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que “un grupo de empresas de medicina privada, que representa casi el 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”.

Con el transcurrir del día, se supo que las empresas apuntadas eran 7 (de 20), siendo las siguientes:

• OSDE
• Swiss Medical
• Galeno
• Hospital Británico
• Hospital Alemán
• Medifé
• Omint

Según los datos aportados por la Superintendencia de Seguros de Salud, OSDE tiene 31,1% de la participación en términos de cantidad de afiliados; Swiss Medical el 14,8%; Galeno el 8,3%; Omint el 4,7%; y Medifé el 3,1%.

Además, de esos datos surge que el Hospital Alemán le brinda cobertura a 58.000 afiliados y el Hospital Británico a 36.000.

Según datos oficiales, hay casi 6,8 millones de afiliados a empresas de medicina prepaga y las 10 compañías de mayor volumen concentran el 83% de los afiliados.

De esta manera los valores de las cuotas no podrán superar el siguiente cálculo: la tarifa del mes de diciembre más la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.

Cómo lograr el objetivo: se trata de dos medidas distintas pero complementarias.

Por un lado, la Secretaría de Comercio dictó una medida “de tutela anticipada” que obliga a un grupo de prepagas (que aglutinan al 75% de los afiliados) a reajustar "a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud al mes de diciembre del 2023 ajustado por IPC”. La decisión se tomó siguiendo un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación presentó un amparo ante la Justicia para que las empresas retrotraigan sus valores al 1 de diciembre del 2023. La presentación contiene una medida cautelar, la cual apunta a unas 18 prepagas que representan al 90% de los beneficiarios de planes de medicina.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la cautelar también reclama que se les devuelva a los usuarios lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses. La pregunta es cómo se podría implementar esa devolución del dinero, algo muy poco usual.

La intimación oficial fuerza a limitar esas subas a la marcha de la inflación, lo que implicaría recortes de entre el 25% y el 33% a sus precios actuales según se consulte a los privados o a funcionarios.

En el sector, como primera reacción, según detalló Infobae, analizan si están obligados a acatar la orden oficial o si pueden enfrentarla a nivel legal. “Todavía no hay nada resuelto. Se están analizando todas las opciones”, dijeron a este medio.

Llamativamente, la administración de Javier Milei negó que se trate de una intervención sobre el mercado de medicina prepaga, algo que el presidente rechaza de plano debido a su posición política-económica libertaria, si no que apunta a "terminar con las avivadas de un sistema corrupto e intransparente (SIC)", al que también califican como "cartelizado".

De esta manera, la gestión de La Libertad Avanza, luego de desregular los precios de las prepagas a través del DNU vigente 70/2023, ordenó retrotrae los mismos precios de las prepagas a diciembre del año pasado debido a las subas que ya promedian un 165% en lo que va del año.

El mega y polémico DNU 70/2023 (rechazado por el Senado nacional) estableció que se deben “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga” para “aumentar la competitividad del sistema”. Hasta ese momento, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía la autoridad de regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, en el 2022 el gobierno de Alberto Fernández sancionó un decreto que regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.

El mega DNU cambió por completo esta situación. En términos de precios, lo único que sigue regulado es la existencia de aranceles diferenciales para planes prestacionales, según franjas etarias (con una variación máxima de 3 veces entre el precio de la primera y la última franja etaria). Es decir, los adultos mayores seguirán pagando cuotas mayores que las personas más jóvenes.

El dato político a tener en cuenta es que el desbande de precios de la medicina prepaga, con casos de subas de 300% en algunos planes en apenas 4 meses, desató una ola de quejas y protestas de amplios sectores de la clase media y en redes sociales, dos ámbitos que el presidente Milie y el Gobierno en general miran con mucha atención.

Con información de Ámbito, NA, Infobae y Chequeado