Polémica ley que une indemnización con jubilación de estatales

El tratamiento de modificaciones a la Ley 5.811 originó una fuerte controversia entre los distintos bloques políticos y de la oposición con la presidencia provisional de la Cámara de Senadores. 

Por eso, la media sanción a la sustitución del artículo 49 de esa norma y la derogación del artículo 56 del decreto 560 que habla sobre indemnización por incapacidad del empleado público, tuvo una ajustada aprobación de 19 votos a favor y 18 en contra.

Los pases de factura entre legisladores oficialistas y de la oposición transformaron a la sesión del Senado en un acto grotesco, bordeando lo tragicómico. Radicales que mantuvieron su actitud pretoriana sobre todos los proyectos que envía el Ejecutivo y peronistas que les hicieron observar que “se están violando leyes, en este caso, vulnerando  derechos adquiridos por trabajadores del Estado”. 

Así las cosas, fue votada la propuesta del Poder Ejecutivo que busca indemnizar al empleado público. En la misma se contempla que los estatales tengan derecho a recibir una indemnización compensatoria que equivaldría a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses que le falte para alcanzar la edad que por ley le corresponde para jubilarse.

“Es un cálculo mezquino”

Al respecto, El Ciudadano habló con el senador Lautaro Giménez (FIT), quien detalló el polémico instrumento jurídico sancionado: “Es un cálculo indemnizatorio que va en perjuicio de los trabajadores, porque muchas de la causas por incapacidad que se tramitan tienen que ver con enfermedades profesionales, con incapacidades que se generan por la propia dureza del trabajo en que se desempeñan. Esto es tendinitis, diferentes problemas de columnas y otros tipos de discapacidades que se van generando en tareas que llevan adelante los empleados. Por eso el obrero recibe un resarcimiento que son determinadas por comisiones médicas, las que definen el tipo de enfermedades que en muchos casos están determinadas o tipificadas”.

Para el legislador de izquierda, “este proyecto lo que hace es quitar el punto de vista que le acabo de describir y lo liga al problema de la jubilación. Es decir que cuanto más cerca esté un trabajador de una jubilación, menos va a cobrar. Se cambia el cálculo y un empleado con 30 años de antigüedad, acercándose a los 60 años de edad, va a cobrar mucho menos que un empleado más joven, que le falten años para jubilarse”. 

“Con esto, el único interés que hay es el interés estadístico, con menos causas por incapacidad en los que son más jóvenes y, lógicamente, que tienen mejor salud para soportar cargas laborales. Entonces se hace un cálculo mezquino ligado a lo económico para ahorrar fondos del estado en causas por incapacidad”, consideró Giménez.

Trabajadores “abusivos, vagos y corruptos”

El duro condimento de lo que fue la áspera sesión del Senado lo expuso ante El Ciudadano el legislador Héctor Bonarrico, hoy “oficialista”, quien accedió a su banca por el bloque opositor Protectora-Partido Intransigente. Al ser consultado sobre su posición de apoyar la modificación que la Administración de Alfredo Cornejo le pidió a la Legislatura, textualmente respondió: “Vengo diciendo que la democracia está ‘enfermada’ (¿?) por los malos usos y costumbres. No solamente por malos políticos que nos han gobernado desde 1824, con el primer préstamo que pidió Rivadavia. Desde ahí se ha venido enfermando la Argentina, por gente abusadora de aspectos legales para estafar al Gobierno. En realidad es estafar a todos los que aportamos nuestros impuestos, eso es lo que está pasando.

—¿Un trabajador que se lesiona en su trabajo no merece ser indemnizado?

—En el nuevo proyecto está contemplado. Dice que tendrá compensaciones.

—¿Compensación o indemnización?

—Sí, sí, indemnización…

—¿No se le estaría quitando la indemnización para darle una jubilación acotada?

—Evidentemente usted no escuchó bien ni conoce el proyecto. Solo atiende a aquellos que están siempre en contra de las cosas, sean buenas o malas.

—Entonces, ¿cuál es su posición?

—Mi posición en este Senado es estar en lo que es justo. Creo que no se le puede robar al Estado. Por eso, cuando se le hacen juicios al Estado, que jamás gana, la mayoría los hacen abusadores. El ejemplo que le doy es el “proyecto aula” (evidentemente se refería al Ítem Aula), donde los maestros se quejaban. Pero ninguno se preguntaba cuántos maestros que no laburaban en los anteriores gobiernos y cobraban impuestos (sic). Eran 5.000 maestros y todos con el argumento de que tenían depresión, (pero) ¿cómo se mide la depresión?

“Por eso se tuvo que modificar la ley; para impedir que los abusadores, donde pagan justos por pecadores, vagos y corruptos que engañaban al sistema para no trabajar y cobrar el sueldo, se tuvo que cambiar esa ley. Este mismo sistema hizo que se fortaleciera la ley para que los trabajadores que realmente están incapacitados sean resarcidos, sean compensados, sean pagados por la discapacidad que tienen”, cerró Bonarrico, muy polémico.