Los fundamentos de la denuncia contra el Gobierno por fracking

Abogados ambientalistas de la provincia y de la Nación presentaron una denuncia penal en el Juzgado Correccional N° 34 contra el gobernador Alfredo Cornejo; el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y a la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, por presuntas maniobras irregulares en relación al fracking.

Los fundamentos de la demanda se basan en la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por “haber autorizado en forma irregular, ilegal y arbitraria la utilización de la fractura hidráulica en la extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia”.

La acción, contenida en 26 fojas , fue redactada por el abogado y senador provincial, Marcelo Romano (Protectora–PI), por el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale y por la abogada Julieta Lavarello. 

Para los profesionales “es grave la aplicación de esta metodología extractiva, que ya está causando inconvenientes en provincias vecinas”, acusan. 

En diálogo con El Ciudadano, Marcelo Romano explicó: “Hacemos la denuncia por la actitud temeraria que han tenido los funcionarios involucrados para aprobar el año pasado de forma relámpago una técnica, que en gran parte del mundo está prohibida por la utilización de sustancias químicas y por no haber respetado la Ley N° 5.961, que exige un informe de impacto ambiental. Por eso se hicieron 47 observaciones, de ellas, 11 provienen del Departamento General de Irrigación y 36 de la Fundación Cricyt. Sin embargo, los funcionarios en una semana aprobaron esta metodología, donde sus efectos, lamentablemente, lo comenzaremos a sentir en breve”.

Por su parte, el abogado Enrique Viale, que mantiene diferentes frentes judiciales contra empresas mineras, como Barrick Gol que opera en Veladero (San Juan) e hizo procesar y enviar a juicio a encumbrados exfuncionarios del kirchnerismo de Medio Ambiente, inclusive científicos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), como el prestigioso Ricardo Villalba, expresó: “Vemos con mucha preocupación lo está sucediendo en Mendoza. Con seis días hábiles y sin declaración de impacto ambiental se autoriza el empleo de una de las técnicas más cuestionadas en el mundo. Por lo tanto, en ningún lugar del planeta sucedió y se aplicó como se lo pretende hacer aquí. Por lo tanto, se está cometiendo un delito de incumplimiento con la actual legislación ambiental que existe en nuestro país y está para cumplirla. Si no es así, se deben hacer denuncias penales, como nosotros lo hemos hecho”. 

“Es muy grave lo que está pasando en esta provincia. Las resoluciones que aprueban aplicar el fracking, se publicaron en el Boletín Oficial una semana después de que la técnica comenzó a implementarse.  Toda una serie de anormalidades, una tras otra, que hemos detallado con fundamentos en la presentación ante el fuero penal, escrito que se constituye en la base de una serie de denuncias que ampliaremos tanto en la Justicia local, como en el ámbito federal. Por eso, a partir de ahora, realizaremos un monitoreo permanente desde Buenos Aires y acompañaremos toda acción que se agreguen a la causa por parte de los profesionales de aquí”, advirtió el profesional. 

Para Viale, “la contaminación ya existe y es la segunda denuncia que estamos preparando para presentar ante la Justicia Federal. En la demanda están plasmados expedientes administrativos a los que hemos podido acceder, donde se reconocen fracturas en las que se filtran fluidos contaminantes en agua. Esto es que el fracking ya contaminó en Mendoza”.

Finalmente, la abogada Julieta Lavarello detalló: “Ya contamos con antecedentes gravísimos de otras provincias por haber utilizado la fractura hidráulica. Un caso emblemático es la ciudad de Allen en la provincia de Río Negro, donde se encuentra nula la producción de peras y manzanas. No pueden exportar por tener aguas contaminadas y esto coloca en serio riesgo el aparato productivo y las fuentes de trabajo. Eso puede suceder en Mendoza, como lo vienen denunciando las asambleas por el agua. Inclusive, en muchos municipios del interior mendocino, como el de Tupungato, donde existe una ordenanza del año 2013 prohibiendo el fracking. Todo esto en concordancia con lo que sucede en el resto del mundo y no por un capricho de activistas, sino porque está comprobado que produce graves consecuencias, que además no pueden ser remediadas. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de respetar las leyes socioambientales”.