La Justicia paralizó toda la obra pública por pedido del gobernador electo y estalló la polémica

Un hecho inédito y de enorme impacto político y económico para la provincia de San Luis, se produjo en las últimas horas, cuando la jueza María Eugenia Bona, del Juzgado Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, hizo lugar a una acción de amparo presentada por Claudio Poggi, gobernador electo, para que paralizara toda la obra pública del Estado puntano.

Desde el Gobierno de San Luis, a cargo de Alberto Rodrígues Saá hasta el 10 de diciembre, esta decisión “tendrá gravísimas consecuencias a toda la economía puntana”.

El amparo implica la suspensión de la totalidad de las licitaciones de la obra pública provincial en el Poder Ejecutivo, en los organismos autárquicos y descentralizados, como así también en agencias y sociedades en que el Estado sea parte, según detalló el Diario de la República.

Asimismo, el Ejecutivo provincial advirtió por la gravedad institucional de la decisión y por el “inmenso perjuicio económico” que significa la paralización de los proyectos de infraestructura “que privará a miles de trabajadores, empresas locales y comerciantes de recursos que benefician a toda la sociedad puntana”.

Este martes, por ejemplo, estaba pautada la apertura de sobres para un proyecto hídrico que beneficiaba de manera directa a los vecinos de Justo Daract, con fondos nacionales que ejecutaba la Provincia. La acción queda en el limbo por la actuación judicial.

En ese sentido, desde el Ejecutivo puntano remarcaron que “la medida cautelar incurre en múltiples trastornos e inconsistencias, además de basarse en declaraciones circunstanciales emitidas en los medios por algunos dirigentes. Entre los más significativos está el no reconocer el principio republicano de periodicidad de las funciones y desconoce además que el gobernador Alberto Rodríguez Saá está en plenitud absoluta de sus funciones” hasta el 10 de diciembre, cuando se realice el cambio de gobierno.

“Poggi no ha advertido en sus acciones que existen fondos para la ejecución de las obras mencionadas y las futuras a licitar”, sumó el Ejecutivo en un comunicado.

Y finaliza: “El diputado nacional (por Claurio Poggi) parece olvidar que cuando dejó la Gobernación en el 2015, había 70 obras en marcha que tuvo que finalizar Alberto Rodríguez Saá, a pesar de no ser las que él había planificado”.

En una resolución del Ministerio de Obras Públicas de la provincia difundida en las últimas horas, se destaca: “Siguiendo el razonamiento adoptado por Claudio Poggi y por la jueza, toda actividad estatal debiera paralizarse antes del vencimiento del período constitucional asignado al titular del Poder Ejecutivo; es evidente que dicha situación constituye un absurdo, ello privaría de los más elementales servicios a la población de San Luis provistos por el Estado, por citar algunos ejemplos, bajo ese criterio no se podría proveer servicios de Internet, servicio de viandas para los hospitales públicos, servicio de copa de leche en las escuelas, combustible para los móviles de las fuerzas de seguridad estatales, todos hasta después del 09/12/2023. Lo que evidentemente constituye un contra sentido en la continuidad de las prestaciones, servicios e infraestructura que tiene a cargo el Poder Ejecutivo Provincial”.

Poggi gobernador

En junio pasado, Claudio Poggi fue electo gobernador de San Luis. El ex aliado de los hermanos Rodríguez Saá, quien ejerció como jefe del Ejecutivo entre el 2011 y el 2015, ganó las elecciones con el apoyo de Juntos por el Cambio.