Buenos Aires también demandó al Gobierno nacional ante la Corte: reclama $50.000 millones
Es por los recortes de los fondos para fortalecer el salario docente y los subsidios al transporte público. Ya son 16 las provincias que han hecho 30 reclamos ante el máximo tribunal
Por Redacción
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reclamó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Estado nacional le devuelva los aportes por transferencias de unos 50 mil millones de pesos por subsidios al transporte público y al salario docente.
Se trata de dos demandas por separado que presentó el gobierno de Axel Kicillof contra la administración de Javier Milei en procura del “restablecimiento de transferencias de fondos que corresponden a la Provincia”.
La primera demanda reclama el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente, FONID, por unos 42 mil millones de pesos. Esas transferencias se interrumpieron desde que asumió Javier Milei la Presidencia de la Nación e integraban una parte del salario de los docentes de gestión pública y privada en la provincia.
El FONID fue establecido en 1998 por el gobierno de Carlos Menem para reforzar los sueldos de los docentes de todo el país. Ese fondo fue luego prorrogado por todos los gobiernos que le siguieron, de diversos signos políticos, por 25 años.
El otro amparo se relaciona con el Fondo de Compensación para el Transporte Urbano e Interurbano. En este caso, el reclamo es por unos cinco mil millones de pesos.
La interrupción de la transferencia de fondos, sostienen las demandas, “tiende a perjudicar en forma directa la gestión de gobierno y a la Provincia de Buenos Aires”.
El asesor general de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel, explicó que sin esos aportes de la Nación para el transporte, el boleto de colectivos podría costar hasta 1.500 pesos.
En declaraciones a radio El Destape, Pérez Teruel indicó que en ambos casos "se trata de transferencias que le correspondían a la provincia y que estaban integradas a la Ley de Presupuesto”. En ese sentido, explicó que como el Presupuesto 2023 fue prorrogado, la transferencia de esos fondos también lo fue, por lo que –a su criterio- el Gobierno nacional está incumpliendo con la ley.
Ambos amparos fueron presentados con sendos pedidos de medidas cautelares para que, hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, se reanude la transferencia de fondos para el funcionamiento de las áreas que reclama el gobierno provincial.
El gobierno de Kicillof ya tiene un primer amparo ante la Corte en reclamo por los fondos del programa de Fortalecimiento Fiscal y Pérez Teruel anunció que se está preparando otra por “fondos previsionales”.
Numerosas demandas
Según marca la Constitución nacional, cualquier conflicto entre el Estado nacional y los estados provinciales será dirimido por la Corte Suprema de Justicia.
Es por eso que son numerosas las presentaciones ante el máximo tribunal de varias administraciones provinciales que se han visto afectadas por el plan de ajuste de las cuentas públicas del gobierno de Milei.
Así, según un reciente relevamiento, la Corte tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el Impuesto a las Ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1.000 millones de dólares.
Según un informe del diario La Nación publicado a principios de abril, la mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Incluso algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados.
Entre las jurisdicciones demandantes están, entre otras, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Chaco, Misiones, Río Negro y La Rioja. Ahora se sumó a este largo listado la provincia de Buenos Aires.
Con información de Noticias Argentinas y La Nación