Reabrieron dos causas contra Cristina Kirchner

La decisión de la Cámara Federal de Casación, que reabrió el caso Hotesur-Los Sauces y, de esta manera, ordenó que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente un juicio oral en el que será investigada por los contratos de sus hoteles, significa un duro revés, sobre todo porque afecta también a su hijo Máximo. Queda fuera Florencia Kirchner, sobre la cual mantuvo el fallo que la excluyó.

Además, Casación también anuló el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán, en la que están acusados la vicepresidente y varios exfuncionarios del kirchnerismo, ordenando también realizar el juicio oral.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyó a la expresidente en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. En cambio decidió mantener en su cargo a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia.

En el proceso por el pacto con Irán Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.

La vicepresidenta había eludido el proceso porque en noviembre de 2021 un fallo del Tribunal Oral Federal 5 -tribunal que debía juzgarla- inesperadamente la sobreseyó junto a sus hijos. El Tribunal Oral Federal número 5 sostuvo que era claro que no había existido delito y que, por ende, no hacía falta realizar el juicio.

La investigación de este juicio apunta a determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, que obraran como retorno por los negocios que dichos empresarios realizaron por el beneficio de tener buenas relaciones con el kirchnerismo.

Báez ya está condenado en la causa Vialidad junto con Cristina Kirchner, ya que el tribunal dio por probado que fue favorecido con licitaciones con sobreprecios. En el caso de López, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.

En ocasión de elevar la causa a juicio, el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que los imputados “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios expresidentes [en referencia a Néstor y Cristina Kirchner] y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.

Además, cuando apelaron del sobreseimiento de Hotesur-Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos contra el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, habló de la “gravedad institucional” de la decisión de los dos jueces que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.

También el fiscal Villar, ante la Casación, cuestionó a los jueces al decir que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Sostuvo que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso.

"Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.

Describió una asociación ilícita que tenía a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

En una primera etapa, según escribió, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur-Los Sauces.