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Cesan los incidentes en las calles tras aprobarse la Ley Ómnibus

Al finalizar la sesión se registraron agresiones contra la policía alrededor del Congreso y otras arterias de la Ciudad de Buenos Aires. Se apaciguaron las acciones de algunos grupos exaltados que fueron controlados por las fuerzas de seguridad

Por Redacción

03 de febrero, 2024 - 02:13

Tras llevarse adelante la votación que arrojó la aprobación en general de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, las columnas que se estuvieron manifestando durante todos estos días en la puerta de la casa de las leyes comenzaron a arrojar piedras y diferentes objetos a las fuerzas de seguridad, con momentos de fuerte tensión en los que hubo empujones y forcejeos contra los agentes de las fuerzas policiales que disuadieron a los presentes con gas pimienta.

Quien recibió intentos de agresión al salir del edificio del Congreso fue el diputado nacional José Luis Espert, que fue insultado y debió ser escoltado por la policía para evitar los golpes.

 

Después de una situación de forcejeos y tensión frente a un grupo de jubilados, los desmanes aumentaron y la Policía Federal volvió a confrontar directamente con los manifestantes, utilizando balas de goma, gas pimienta y cañones de agua para despejar las calles adyacentes a la Plaza del Congreso, según el protocolo establecido.

Los participantes de la protesta se volvieron más reactivos y continuaron arrojando piedras y botellas contra las fuerzas de seguridad, generando momentos de máxima tensión, con barricadas de contenedores de residuos incendiadas. En este contexto, las fuerzas federales habían implementado un amplio dispositivo de seguridad en la Plaza del Congreso para evitar que los manifestantes se aproximaran al parlamento o bloquearan el tráfico peatonal y vehicular en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia.

De acuerdo al último parte emitido, los focos de manifestantes fueron desconcentrándose, mientras las fuerzas de seguridad concentran sus esfuerzos en contener y proceder a vigilar el retiro de pequeños grupos radicales, que habrían atentado contra el patrimonio público y la propiedad privada de la Ciudad de Buenos Aires.