La falsa terrorista argentina que sembró pánico con más de 90 amenazas de bomba
Las llamadas se realizaron entre agosto y diciembre de 2021 y afectaron a bancos, supermercados y a la municipalidad
Por Redacción
Una mujer de 33 años enfrentará un juicio oral por haber realizado 91 llamadas telefónicas falsas anunciando la colocación o la existencia de bombas en distintas instituciones de Bahía Blanca e Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, durante el 2021. Se trata de un caso de intimidación pública sin precedentes, que causó alarma y temor en la población.
La mujer, identificada como Juliana Gil Barrera, fue acusada por el fiscal Rodolfo de Lucía, quien solicitó la elevación a juicio ante la Justicia de Garantías. Gil Barrera está imputada por 91 hechos de intimidación pública, que se castigan con prisión de dos a seis años, según los artículos 211 y 55 del Código Penal.
Fuentes judiciales informaron que las llamadas se realizaron entre el 17 de agosto y el 3 de diciembre de 2021, a través de distintos teléfonos celulares, al servicio de emergencias 911. En las llamadas se alertaba sobre la presencia o la inminente instalación de artefactos explosivos en instituciones públicas y privadas de Bahía Blanca e Ingeniero White.
Un abanico de instituciones afectadas
Entre las instituciones que recibieron las amenazas de bomba se encuentran bancos como el Industrial, el Provincia de Buenos Aires, el Nación, el Santander, el Credicoop o el Galicia. También se vieron afectadas la Municipalidad de Bahía Blanca y varios supermercados.
Estas amenazas obligaron a evacuar y revisar los edificios, lo que generó trastornos y pérdidas económicas. Además, pusieron en riesgo la seguridad y la tranquilidad de las personas que trabajaban o concurrían a esos lugares.
La mujer fue localizada gracias al trabajo de investigación realizado por personal del Departamento de Casos Especiales y de la Unidad Fiscal a cargo del fiscal De Lucía. Los investigadores analizaron los informes solicitados a las empresas telefónicas y lograron identificar los números desde los que se hicieron las llamadas.
Durante la investigación, la mujer se negó a declarar ante el fiscal. Sin embargo, se pudo establecer que las llamadas estarían relacionadas con una situación personal de la mujer y no con motivos políticos.
El fiscal De Lucía pedirá una pena acorde con la gravedad de los hechos y con el daño causado a la sociedad. La defensa de la mujer podrá plantear sus argumentos y solicitar alguna medida alternativa a la prisión.
Se espera que el juicio se realice en los próximos meses y que tenga una gran repercusión mediática y social.