Ley 7722: verdades a medias y mentiras enteras

Las modificaciones recientemente aprobadas en la ley 7722 apuntan a transformar una norma que estigmatizaba y de hecho prohibía la minería en la provincia, en una ley que aporta un marco racional y lógico para regular esa actividad.

Digámoslo con todas las letras: la ley aprobada en el año 2007, casi sin debate y a impulso de los grupos ambientalistas, era una mala ley: sin fundamentos científicos y con un sesgo claramente prohibitivo hacia la minería.

El tan mentado consenso o licencia social sólo se asentaba en las denominadas asambleas en defensa del agua, pero no había habido un debate como correspondía.

Durante todo el año 2018, se discutieron proyectos de modificación en el ámbito natural que es la Legislatura Provincial. Allí sí se dio el debate. Nuestro entonces candidato a gobernador, Rodolfo Suarez, hizo lo que se hace en cualquier país democrático: someter, durante la campaña, el tema a consideración del conjunto de la población. Y la gente votó en el sentido de cambiar la ley.

Hace pocos días, ambas cámaras de la Legislatura votaron por abrumadora mayoría un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de la minería sustentable en nuestra provincia. Con sorpresa vimos que algunos dirigentes políticos, munidos de un gran oportunismo, cambiaron su postura en el aire. Esto es una muestra de lo poco creíbles y confiables que son.

Mendoza apostó por ampliar la matriz productiva; generar mano de obra genuina; incorporar recursos para obras imprescindibles que tienen que ver con un mejor aprovechamiento del agua, evitando, como hoy ocurre, que  se derroche o pierda por falta de infraestructura o deficiencias en la misma.

En Mendoza sólo el 1 % del agua se utiliza en la extracción petrolera. El 11 % se usa en consumo humano y el 4 % en uso recreativo y ambiental. El 84% restante se utiliza en riego agrícola altamente ineficiente (riego a manto), o directamente se pierde. 5 proyectos de clase mundial (tipo Veladero o Pascua Lama), operando a plena capacidad, consumirían menos del 1% de lo que hoy consume la agricultura en la provincia.

Achacarle la crisis hídrica a la minería es, cuanto menos, una falta absoluta a la verdad.

Durante 12 años se difundieron consignas carentes de contenido científico y erróneas, que sólo sirvieron para sembrar el miedo y las dudas entre la población desinformada. Muchos grupos, que dicen defender el ambiente y el agua, difundieron verdades a medias y mentiras enteras. El resultado es que el consignismo y los clichés suplieron a la verdad y postergaron el debate serio, racional y equilibrado que sí se dio ahora.

La provincia de Mendoza no tiene destino si no amplía la matriz productiva. Y lo debe hacer explotando los recursos naturales, pero a su vez preservando el medio ambiente. Por eso en las modificaciones se incluyeron todos los controles y auditorías necesarias para desarrollar una actividad controlada y sustentable. Como tienen o deberían tener todas las demás actividades que se realizan en el medio.

Aquellos que de buena fe, pero con información errónea, se oponen al nuevo marco legal tienen derecho a manifestarse, pero de ninguna manera a arrogarse por sí y ante sí la facultad de dictar una ley o decidir sobre su implementación. Las expresiones de estos días son democráticas pero entrañan el peligro que sean usufructuadas por aquellos que, desde posiciones extremas o fundamentalistas, tiendan a llevar el disenso hacia el camino de la violencia. Es responsabilidad de los dirigentes de esas asambleas separar la paja del trigo. No es democrático cortar las calles y rutas y generar fastidio, gastos y contaminación durante esos cortes. No es democrático escrachar a quienes piensan distinto ni pintarrajear el dominio público o privado. No es democrático erigirse en representantes del pueblo en abstracto cuando sólo expresan una opinión, respetable, pero sectorial.

El pueblo de Mendoza se expidió, en forma clara, en las últimas elecciones, en el sentido de ampliar la matriz productiva e incorporar a la minería responsable como una alternativa de desarrollo y crecimiento. Apoyo las modificaciones de la 7722 que votó la Legislatura de Mendoza y la promulgación y publicación por parte de nuestro gobernador Rodolfo Suarez.

Estoy a favor de una minería responsable y con los debidos controles. Estoy a favor de que se generen inversiones y trabajo para nuestra gente. Estoy a favor de invertir lo producido en esa actividad en mejor infraestructura para mejorar el uso del agua, evitar su derroche y contaminación. Estoy a favor de un uso racional del vital recurso hídrico, que hoy se pierde por ineficiencia y mal uso.

Algunos exhiben muy poca seriedad y mucho oportunismo. En definitiva, verdades a medias y mentiras enteras.