El ítem aula constitucional es radical, pero también peronista

Las particularidades de un elemento por medio del cual la administración de Alfredo Cornejo terminó con la forma de otorgar licencias por enfermedad que establece el Estatuto del Docente, tiene historias profundas y contrapuestas que no se inician o terminan con las decisiones políticas del Gobierno. Establecer su constitucionalidad por medio de un fallo de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia es, sí, su punto máximo.

Atrás quedan muchos años en los que el tema de las licencias fue distorsionado por el abuso incontrolado de muchos maestros que las utilizaron con absoluta irresponsabilidad. Con el no menos descontrolado y abusivo servicio tercerizado de supervisión de ausentismo. A propósito, el escandaloso y cuestionado paso de Ganun y Asociados SA es, para muchos, el oscuro ejemplo de todo esto. Al mismo tiempo, sincronizaban los puntos anteriores con el deterioro educativo instaurado por años, en el que se agudizó la aparición de patologías que derrumbaban la estabilidad psíquica y física de cientos de docentes.

Y todo como resultante de la caída del sistema educativo ante erráticas políticas de Estado que aplicaron irresponsablemente diferentes gobiernos. El resultado de todo esto fue el elevado ausentismo docente y un perjuicio directo a los educandos, que no tenían continuidad en los programas que se les dictaba por la galería de docentes que estaban frente al aula.

A esta problemática nadie la advirtió, entendió, atendió ni, mucho menos, la solucionó. Surgieron solo parches. A nadie en materia gubernamental le interesaba fortalecer el sistema educativo y proponer medidas de solución a cuestiones, que como la licencia, se habían ido de las manos. La calidad de la educación que recibía los chicos no era objetivo de estado.

Separar la especulación de algunos, con la precarización en la salud de los verdaderos docentes no merecía una profunda reestructuración por parte del gobierno educativo primero, del Ejecutivo provincial después.

Total, como la educación de los mendocinos no estaba en prioridades, daba lo mismo poner todos en la misma bolsa a la hora de asumir medidas drásticas. El objetivo era ahorrar gastos al Estado. Solo eso y nada más que eso.

Con ese combo el sistema educativo provincial sobrevivió por décadas, hasta que comenzaron a pergeñarse medidas que reestablecieran un orden. Generalmente medidas para castigar a la docencia que –a criterio de los observadores de la política, que muchas veces la tocan de oído o son obtusos que no ven más allá de su ombligo–, lo de los educadores era un descarado accionar que había que detener. Todo se decía en voz muy baja, tal cual chimentera de barrio y sin miradas responsables que tuvieran en cuenta que se estaba hablando de educación.

De analizar cómo el educador se tomaba una licencia y allí separar la paja del trigo. Hacerse cargo con responsabilidad para no caer en cuestiones que podía dañar (como ahora daña) al docente que necesita ser contenido por el sistema ante inconvenientes de su salud, que perjudicó el mismo sistema. Por eso mismo es que, en definitiva, nadie pudo o no quiso cristalizar esas medidas y entonces el problema se agudizó. Con ese criterio pasaron administraciones radicales y peronistas y nadie hizo nada, mientras se profundizaba el desmanejo de las licencias.

Llegó el 2014 y comenzaban a moverse las piezas internas de los partidos políticos para alcanzar las candidaturas primero y la gobernación, después. En ese paso los periodistas pudimos escuchar algunos que ya hablaban públicamente lo que se comentaba en la trastienda política (como se dijo) desde hace mucho tiempo. Fue inclusive el precandidato a la primera magistratura Jorge Tanús quien habló con la prensa y en detalle en un desayuno de campaña. El por entonces presidente de la Cámara de Diputados fue claro y enérgico al esbozar su proyecto de terminar con el descontrol de la licencias y ausentismo docente en el aula.

Era la antesala de la aplicación del ítem aula versión justicialista. Ni un punto menos, ni una coma de más con lo que posteriormente y en ejercicio de la gobernación aplicó el gobernador Cornejo.

La gobernación del Frente Cambia Mendoza hizo realidad el pensamiento generalizado de toda la dirigencia política provincial, con algunas pocas excepciones, de lo que molestaba. No lo que debía atenderse, porque era lo que molestaba. Nadie tuvo, ni tiene, una mirada crítica de lo que no se hizo y de lo que debía haberse asumido para terminar con una distorsión que pareciera ser se dejó crecer, o porque no se miró en su momento o porque convenía que estuviera así, o en definitiva incapacidad de políticas de estado en materia de educación, que más de un gobierno pasado dejó entrever.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia encierra, del mismo modo, una mirada ciega de los magistrados sobre un tema que alguna vez fue estudiado y estructurado jurídicamente a la hora de ser plasmado en un sabio Estatuto del Docente. Algo al que el ahora constitucional ítem aula sepulta y con él los derechos de los trabajadores de la educación mendocina. Fundamentalmente de todos aquellos que dieron su vida por educar generaciones de mendocinos y darle excelencia a la provincia en todo orden. Los mismos que, hoy enfermos y obligados a no demostrar su condición clínica, dictan clases en un sistema al que solo le interesa que estén frente al aula. En qué condiciones o cómo lleguen a cumplirlas, serán de sus exclusivas responsabilidades.

Cuando se mire y analice el ítem aula, solo debe pensarse y tener en claro que a la hora de observar responsabilidades en su aplicación, si no eran los radicales hubieran sido los peronistas. Y sobre la calidad educativa… ¡bien gracias!

Daniel Gallardo – Periodista de medios del Grupo Cooperativa