Cuando el Poder Ejecutivo no maneja al Poder Judicial
La gente, con errática postura que pretende ser natural y no lo es, permite que se diga que determinada causa o determinado dirigente político involucrado con causas judiciales son perseguidos por la gestión gubernamental de turno.
Una grave expresión que significa lisa y llanamente que un poder interfiere sobre otro avasallando fundamentales aspectos constitucionales.
Un grave desconocimiento tomado con absoluta naturalidad por un alto porcentaje de ciudadanos con cero conocimiento sobre la división de poderes y los contenidos básicos de una Constitución que no fue redactada para un sector sino para el pueblo de la Nación.
Pero también a esa grave inducción histórica la produjo cierta dirigencia política a la que le convino que la definición de independencia del Poder Judicial sea desconocida, cuanto más, puesta en tela de juicio.
Los hechos históricos recientes en la vida institucional de la Nación dejan con absoluta claridad lo que expresamos. Solo basta recordar la Corte Suprema de Justicia de la Nación ultra oficialista de la década de los ´90. La misma que integraban los menemistas Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano.
Un oscuro momento de un casi inexistente Poder Judicial que para nada podía representar los intereses de los argentinos. Un escenario que también mostraba a un Carlos Vladimiro Corach, entonces ministro del Interior, con el promocionado hecho de cafetines porteños por las servilletas del ministro que simbolizaban lo que, dicen, alguna vez sucedió: escribir en una servilleta la composición de la Justicia por jueces y magistrados adictos al poder de turno.
Casi siempre el Poder Ejecutivo se abalanzó sobre el judicial. Fueron pocos los que respetaron la división e independencia de poderes. Un esperanzador aspecto que mostró al inicio de su gestión el kirchnerismo, cuando el extinto presidente Néstor Kirchner logró acrecentar el número de miembros del máximo organismo de Justicia de la Nación, con jueces totalmente independientes al poder ejecutivo. La excepción fue el ultra kirchnerista Eugenio Zaffaroni.
El avasallamiento de la Justicia no siempre fue de un poder sobre otro. También la Justicia tuvo integrantes que permitieron la sponsorización política de los que en forma sectaria la utilizan para cubrir oscuras maniobras delictuales.
La liberación de Cristóbal López es una contundente demostración de esa indeseable cara judicial. Bajo el argumento de interpretaciones de acciones o fallos que determinaron la detención del empresario de medios y su socio Fabián De Sousa, produjeron la libertad de ambos, pero bajo procesamiento por haber evadido del sistema fiscal argentino más de $8.000 millones. Un multimillonario monto que descaradamente y con total impunidad robaron bajo la protección del gobierno kirchnerista.
La liberación de Amado Boudou tras estar dos meses en la cárcel por una de las tantas causas que sobre el ex vicepresidente pesan, es otra grotesca cara del poder judicial argentino.
Las expresiones del compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner cuando salía del presidio es el sabor amargo de lo que pasa con nuestra Justicia. Dijo Boudou: “el Poder Judicial es un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia. Tiene que ver más con el escarnio que con la justicia”.
“El Poder Judicial está haciendo abuso”, remarcó el sujeto que fue capaz, por primera vez en la historia de país, de convertir a un vicepresidente en un procesado por corrupción.
Estos y otros casos son investigados y procesados ahora, no cuando la administración justicialista gobernó el país.
Es una clara demostración de que la Justicia, en muchos tramos de la historia reciente, fue accionada por el péndulo del Poder Ejecutivo. Y cuando quiso ser independiente le fue muy mal. Es el caso del fiscal federal Alberto Nisman, que investigó la firma del memorándum con Irán para encubrir a los autores del atentado a la Mutual Judía de la AMIA, una cuestión que incriminaba directamente a Cristina Kirchner, en ese momento en ejercicio de la presidencia de la Nación, es el ítem mortal de lo que aquí se habla.
Coimas, acomodos y conveniencias manchan a la Justicia argentina. Son pocos los jueces y fiscales que hacen honor a la Constitución y lo que ella determina del rol del Poder Judicial. Pero, a la vez, es otra de las materias pendientes que debe sanar el corazón institucional de un país enfermo en sus poderes y en el conocimiento ciudadano de sus deberes y obligaciones.
Un aspecto que cuando sea superado entenderemos cabalmente eso de la división de poderes, la independencia de los mismos y la finalización de esa ultrajante intromisión de un poder sobre otro.
El Poder Ejecutivo no puede, ni debe, pretender manejar al Poder Judicial. Debe ser esa premisa democrática que a partir de hoy tiene que envolver nuestra vida de país.
Una vida sana en lo institucional, para que haya vida sana en un proyecto que todos merecemos. Con poderes e instituciones sanos. Único camino en el que seamos capaces de convertirnos en un ejemplo ante los ojos de una golpeada Sudamérica, con países de similares características. Algo que deja al descubierto que todavía falta mucho a la hora de decir que la democracia se recuperó en plenitud.