Dejarían de asistir a 20 mil hogares de la agricultura familiar

En una reunión que organizaron las Comisiones de Economía, Asuntos Sociales y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado de Mendoza, se denunció que unas 20 mil familias que participan del programa de ‘Agricultura familiar’ dejarían de ser asistidas porque son “un gasto fiscal”, según se dijo.

Allí se aseguró que la Secretaría –hasta hace poco Ministerio– de Agroindustria de la Nación ha dispuesto achicar la planta de personal que en todo el país tenía para guiar, capacitar y acompañar a quienes se dedican a esta actividad. Por consiguiente, se dejaría de asistir a familias que se dedican a un vector que está consagrado por la FAO y Naciones Unidas.

Estuvieron presentes representantes de las miles de familias que ven peligrar la continuidad de lo que viven, junto a legisladores nacionales y gremios que representan a trabajadores del país.

El Ciudadano estuvo allí y recogió la opinión del titular de la LAC, senador provincial Samuel Barcudi, quien aseguró que “trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y asociaciones de pequeños agricultores de la provincia denuncian la drástica reducción que se ha dispuesto sobre ese sector”. 

“Una muestra de esto es que fue despedida casi la mitad de la planta de personal del organismo nacional y el haber transformado en Secretaría al que fuera Ministerio de Agroindustria. Estamos hablando de un organismo que articulaba las políticas de capacitación de pequeños productores caprinos, apicultores, porcinos y todo tipo de actividades ligadas al agro”, consideró el legislador.

Y agregó que “la agricultura familiar era monitoreada y capacitada por veterinarios, técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos. Todos ellos fueron despedidos. Era personal que cumplía vitales labores de contener miles de familias en los oasis productivos de la provincia, ayudando de modo autosustentable lo que esos mendocinos producían. Con eso se evitaban migraciones y se fortalecía un sector productivo que venía muy bien a la economía casera de Mendoza”.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Carmona (PJ-FpV) dijo que “hay que valorar la actitud del Senado mendocino de se ocupe de la delicada situación que atraviesan trabajadores de la Secretaría de Agroindustria y de los miles de hogares que se dedican a la agricultura familiar. Un tema que estamos trabajando en el Congreso de la Nación, donde hay generalizada preocupación de legisladores de la oposición y también del oficialismo. Estos últimos han expresado sus cuestionamientos por las medidas que se llevan adelante con este sector”.

En otro tramo de su exposición, el legislador nacional detalló: “Todos los diputados nacionales hemos iniciado gestiones ante el Gobierno para que esta situación de revierta. Se está vulnerando la legislación y lo hace también con la Constitución y con la estabilidad del empleado público”. 

“Sobre esto último se está violando todo tipo de normativa, porque no existe hasta ahora ningún argumento que describa las causas de despido. En esta situación hay más de 700 trabajadores con sus familias y miles de hogares en todo el país que se dedican a esta actividad totalmente perjudicadas con la medida. Algo que se inició con el INTA, histórico organismo que ha sido deshuesado de técnicos, además desfinanciado. Todos puntos negativos que impacta directamente en los productores”, consideró Carmona.

“La ola de despidos no se ha detenido en Mendoza” 

Trabajadores del organismo nacional que estuvieron presentes en el cónclave parlamentario detallaron a nuestro diario que “desde hace dos semanas se han profundizado los despidos en la delegación local de Agricultura Familiar. Hasta ahora llegan a 11 en Mendoza y más de 740 a nivel nacional. El objetivo de la que hoy es la Secretaría de Agroindustria es terminar con la actividad de un sector que creció y le hizo muy bien a la producción y, en el caso de Mendoza, a más de 20 mil familias”.

Indicaron además que este proceso se inició “a mediados del 2016, cuando comenzaron desde Buenos Aires con el achicamiento del INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar. Hubo despidos de trabajadores, que con los 11 recientes, ya se habla en Mendoza de 25. Lo último que se ha hecho es que este sector no sea parte del Presupuesto nacional, una cuestión que viene desde el año pasado y que se reiteraría para el presupuesto 2019. Acciones que son argumentadas por el Gobierno nacional como necesarias, ya que se considera a la agricultura familias un verdadero gasto fiscal. De allí la gravedad de lo que hemos venido a denunciar ante legisladores de la provincia y de la Nación”.