Desde el ayuntamiento de Sevilla evalúan cobrar para visitar la emblemática Plaza España

El Ayuntamiento de Sevilla ha propuesto una medida controvertida, que es cobrar entrada a los no residentes que deseen visitar la Plaza de España. La intención es obtener fondos para la conservación y el desarrollo del emblemático monumento, que sigue siendo un punto de referencia tanto para los sevillanos como para los turistas. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate sobre su legalidad y su impacto en la accesibilidad al espacio público.

La Plaza de España, diseñada hace un siglo para la Exposición Iberoamericana de 1929, es uno de los símbolos más reconocibles de Sevilla. En la actualidad, el Ayuntamiento planea cerrarla al público y comenzar a cobrar entrada, especialmente a los visitantes que no sean residentes en la ciudad. Esta medida ha suscitado interrogantes sobre su viabilidad legal y su efecto en la accesibilidad para todos los ciudadanos.

El objetivo del Ayuntamiento es firmar un convenio con el Gobierno central para gestionar ciertos espacios dentro del monumento y recaudar fondos a través de la venta de entradas. Se plantea que los ingresos se destinen a la conservación, la promoción turística y la creación de proyectos culturales relacionados con la Plaza de España. Sin embargo, queda por determinar quiénes serán los responsables de pagar y cómo se implementará el sistema de control de acceso.

Aunque se ha mencionado que la entrada será gratuita para los residentes y los nacidos en Sevilla, aún no se han proporcionado detalles sobre los precios o los criterios de exención para otros visitantes. Además, el cierre del monumento se llevaría a cabo de manera gradual, con cambios en la infraestructura para aprovechar mejor los espacios y mejorar la experiencia turística.

La propuesta ha generado reacciones encontradas, con críticas que acusan al Ayuntamiento de privatizar un espacio público y cuestionan su coherencia con la historia y el propósito original de la Plaza de España. Algunos señalan que la medida contradice la oposición previa del Ayuntamiento a la tasa turística y plantean que podría afectar negativamente al turismo en la ciudad.

A pesar de las controversias, el Ayuntamiento defiende la medida como una forma de garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del monumento en el futuro. Sin embargo, la decisión final aún está pendiente, y se espera que el debate continúe mientras se discuten los detalles y se evalúan las posibles implicaciones legales y sociales de la propuesta de la ciudad de Sevilla.