Precios Justos: el dato alarmante que advirtió una defensoría del consumidor

A pesar de que la Secretaría de Comercio informó que más de 340 empresas renovaron el compromiso de adhesión al programa Precios Justos, entidades empresariales manifestaron que no podrán cumplir con los acuerdos porque los consideran "inviables, imposibles ni sostenible".

Este rechazo fue comunicado por las empresas agrupadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Sobre esto, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, en Metaverso, programa de Ciudadano.News, apuntó que “en todo el 2023 no se ha cumplido el porcentaje, que establecía el programa”.

“Hacemos relevamientos en el Gran Buenos Aires y en el mejor de los casos, el cumplimiento fue del 30% de los productos que debieron estar en las góndolas. Para junio y julio los faltantes más importantes fueron de aceite, azúcar y yerba, que prácticamente no existieron en las góndolas de este programa de Precios Justos”, expresó el titular de Deuco.

-Las empresarias alimentarias dijeron que esto es insostenible, ¿qué tienen que hacer los consumidores ante supuestos abusos de los empresarios?

-En primer lugar, que las empresas digan que el programa es insostenible, es responsabilidad de las empresas y no hay ningún motivo fundamentado para que automáticamente, luego de la devaluación del 22%, que obviamente incide sobre productos que tienen algún componente dolarizado, pero que no índice en los productos de producción argentina. Lo que lamentablemente sucede en Argentina es que hay una gran concentración de la producción de alimentos y de artículos de limpieza, que genera mercados oligopólicos y que no han sido desarticulados por las acciones de la Secretaría de Comercio y el Estado nacional.

-¿De qué nos sirve tener un convenio de este tipo donde se ha cumplido un 30% y, el Gobierno no toma las medidas necesarias para que se cumpla?

-Evidentemente, no nos corresponde esa labor, le corresponde al Estado nacional, pero insisto, en este momento donde hemos visto algunos hechos lamentables, violencia y demás. Por supuesto, no avalamos y repudiamos, pero sí es cierto que el aumento fundamentalmente de los alimentos ha generado una situación de zozobra y de angustia en millones de hogares argentinos.

-Sobre el tema de alquileres. Agrupaciones de inquilinos sostienen que “los precios de inicio de contrato de alquiler no están regulados y son el gran problema”, ¿qué piensa al respecto?

-Compartimos la preocupación de los inquilinos, de sus entidades y el mercado de los alquileres tiene que estar regulado. En este momento, la desregulación, la suspensión de la ley, que de alguna manera protegía los derechos de los inquilinos, hace que estemos ante una situación donde miles de familias van a quedar en la calle. En la actualidad, un departamento de dos ambientes en Capital Federal y Gran Buenos Aires cuesta 80 mil pesos. Si eso se desregula, miles de familias no podrán alquilar e irán a la calle, porque los salarios no alcanzan a cubrir. Hay que tomar una medida estructural, además de hacer planes de vivienda para sectores populares que permitan acceder a una vivienda digna.