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¿Cuáles son los límites legales del reconocimiento facial con inteligencia artificial?

La startup estadounidense Clearview atraviesa duros cuestionamientos por almacenar imágenes de rostros que circulan por internet.

Por Redacción

Existen diversos organismos estatales de Estados Unidos que utilizan datos de reconocimiento facial para trabajar en la prevención e investigación de delitos. Esta información no es recopilada por dichas autoridades, sino por empresas privadas que utilizan grandes estructuras tecnológicas para almacenar cientos de millones de imágenes de personas.

Una de ellas es Clearview AI, que ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos de privacidad, como es la británica Privacy International.

En los últimos días, ésta última y otras ONGs dedicadas a proteger los datos personales han iniciado acciones legales contra Clearview por considerar que sus métodos de recopilación y comercialización de fotos obtenidas a través de la inteligencia artificial van "mucho más allá de lo que podríamos esperar como usuarios de internet".

Cómo trabaja Clearview

La empresa utiliza una herramienta automatizada de registro de imágenes capaz de colectar enormes cantidades de fotos de rostros que detecta en la web. Una vez ingresadas al sistema, un software de reconocimiento facial las almacena en la base de datos de Clearview, cuyo acceso es vendido a organismos estatales y empresas privadas.

En este sentido, y según el análisis de una de los representantes legales de Privacy International, Lucie Audibert, "Clearview parece interpretar que internet es un espacio homogéneo y completamente público donde todo puede ser tomado y utilizado. Pero algunas prácticas amenzan el carácter abierto de la web y la enorme cantidad de libertades y derechos que permite".

Contraria a esta postura, Clearview argumenta que no tiene relaciones contractuales con Estados Unidos y que, por el contrario, sus políticas condicen con las del Reglamento General de Protección de Datos al que suscriben los países europeos, bajo el que cualquier persona puede consultar si sus datos biométricos están almacenados en su base de datos y, en caso de solicitarlo, ser borrados permanentemente. La compañía ha alegado, además, que los gobiernos nacionales han expresado una real necesidad de contar con sus servicios para investigar crímenes como lavado de dinero, trata de personas y abusos sexuales.

Entre la utilidad y la invasión de privacidad

Si bien no sería sensato negar que una herramienta capaz de reconocer personas es un instrumento que puede dar grandes aportes a investigaciones criminales y policiales, es cierto que quienes proveen este tipo de servicio cuentan con tecnologías muy novedosas cuya existencia ya plantea la necesidad de debatir sus implicancias éticas y, por lo tanto, legales.

Siguiendo esta línea, el científico informático y docente en la Universidad de Surrey (Inglaterra), Alan Woodward, se refirió a la problemática que involucra a compañías como Clearview señalando que "este tipo de casos puede abrir un complicado debate legal acerca de quien posee imágenes que han sido publicadas en internet y qué tan posible es garantizar los derechos de quienes aparecen en fotos tomadas dentro de territorios nacionales ajenos".

Pero más allá de este punto en particular, más controvertido se presenta el dilema de cuál es el límite entre la invasión de la privacidad y la comercialización no controlada de datos biométricos, aunque sea con fines prácticos para el cumplimiento de la ley. Si bien todo parece indicar que los estados se benefician de este tipo de servicios en tareas de seguridad y control, el hecho de que las empresas como Clearview tengan total libertad de comercializar información de millones de personas a sectores públicos y privados requiere, al menos, una revisión que ponga en valor los derechos de cada integrante de las diversas comunidades de internet.