Instituto Próvolo: cuatro imputadas quedan libres de culpa y cargo
El fiscal y la querella no mantuvieron la acusación contra la ex directora, la psicóloga y dos empleadas de la entidad por falta de pruebas
Por Redacción
La recta final del segundo juicio a los acusados por el llamado Caso Próvolo está llegando a su fin. Este miércoles se iniciaron los alegatos de las defensas y restaría el uso legal de expresarse ante el tribunal de quienes finalmente serán juzgados.
Sobre las responsabilidades y quienes podrían no recibir condena, esto expresó a Ciudadano.News el abogado querellante por las víctimas del Próvolo, Lucas Lecour: "Después de dos años y medio de juicio, tanto el Ministerio Público Fiscal como nosotros, los representantes de las víctimas, concluimos con nuestros alegatos en la otra causa que se ventila en este debate, en la cual se investiga la responsabilidad penal por omisión de denunciar los abusos sexuales contra ocho mujeres que trabajaban en el Instituto Antonio Próvolo".
"En una clara muestra de objetividad, de responsabilidad y de transparencia, tanto del fiscal Alejandro Iturbide como de los abogados que representamos a las víctimas y ante la falta de pruebas que acreditaran con certeza que se requiere para dictar una sentencia condenatoria, sobre el conocimiento directo de los abusos sexuales que sufrían los niños, niñas que asistían al Instituto Próvolo no mantuvimos la acusación respecto de cuatro de las imputadas", explicó el abogado.
Lecour también explicó: "Ellas son las exdirectoras Valeska Quintana, Laura Gatán y Cristina Leguiza, y la psicóloga Cecilia Rafa. Cabe resaltar que el hecho de no probarse el conocimiento directo de los abusos sexuales, no significa que el actuar de las mismas no haya sido al menos imprudente al no advertir, conforme el rol esencial que tenían dentro de la institución religiosa, la cantidad y la gravedad de los abusos sexuales que sufrían permanentemente niños y niñas".
El profesional, quien es también cabeza de la Fundación Xumek, consideró que hay responsabilidades en el resto de quienes fueron autoridades del Instituto Antonio Próvolo: "Tanto el fiscal como nosotros consideramos que existe prueba suficiente para el dictado de una sentencia condenatoria, y por eso solicitamos para la ex representante legal del instituto Graciela Pascual, la pena de 18 años de prisión e inhabilitación".
"En el caso de la monja y cuidadora del albergue de niños y niñas pequeñas, Asunción Martínez, solicitamos la pena de 10 años de prisión e inhabilitación. Por último, en el caso de la ex directora Gladys Pinaca y de la cocinera Noemí Paz, solicitamos una pena de tres años de prisión condicional. En el caso de estas dos últimas sólo se las acusó por la omisión de prestar auxilio y por el encubrimiento agravado", finalizó Lecour.
Producción periodística: Daniel Gallardo.