Controversia entre Irrigación y la CGT por el destino de una sede histórica

En esta semana los poderes Legislativo y Judicial tendrán intensas deliberaciones para tratar de resolver una fuerte controversia que se ha presentado entre el Departamento General de Irrigación (DGI) y la Confederación General del Trabajo (CGT), con la sede histórica que esta ocupa en 25 de Mayo 1.245, de Ciudad.

Para el gobierno del agua ese antiguo edificio le pertenece, por muchos aspectos que estarían plasmados en una documentación que así lo testimonia e importantes montos que en su momento se habrían desembolsado por abultadas deudas a diferentes organismos.

Pero la dirigencia sindical también sostiene que posee documentación que testimoniaría que la histórica casa les pertenecería desde 1953 por decreto emanado de la gobernación mendocina de aquel entonces, tal cual se puede comprobar en artículos de la Ley 2.226 reflejados en el Boletín Oficial.

Lo cierto que el tema llegó a los estrados judiciales, desde donde se habrían emitidos fallos que favorecerían al DGI y conminarían a la CGT a dejar el lugar. Una cuestión que el sindicalismo se resistiría a cumplir echando mano a una catarata de presentaciones judiciales y acciones políticas de todo tipo.

Al respecto, El Ciudadano entrevistó a Rolando Firmani, de la Asociación de Trabajadores de la Industria de la Leche de la República Argentina (ATILRA), quien es el secretario del Interior de la CGT local, y sobre este tema, expresó que “hay una sentencia del juzgado Nº 8 que falla a favor del DGI y ordena el desalojo”.

—¿Puede hacer eso la Justicia teniendo en cuenta que existe una ley?

—A criterio de la CGT no, porque esta sentencia olvida claramente la Ley 2.226 dictada el 30 de septiembre de 1953, en la que el Poder Ejecutivo cede a la CGT la casa con destino al funcionamiento de la regional Mendoza.

—¿Qué harán entonces?

—Ya estamos apelando esa inaceptable sentencia, porque creemos en la Justicia. Consideramos que los jueces van a restituir esa sede histórica a sus verdaderos dueños, todos los trabajadores mendocinos.

—De todas maneras, ¿son conscientes de que la pueden perder? 

—Mire, la CGT realizará todos actos útiles necesarios para no perderla. Sabemos que se trata de un inmueble muy bien ubicado y que puede ser tentador para muchos, que ven en la casa una oportunidad de negocio inmobiliario.

—¿Cree usted que ese es el interés del DGI?

—Creo que el interés de ese organismo por un inmueble que por ley nos pertenece, es extraño. Sobre todo, porque se basa en un supuesto comodato entre alguien que no era dueño y alguien que no era la CGT oficial.

—Todo un tema...

—Sí, le repito, no entendemos. Como tampoco entendemos por qué el gobernador (Rodolfo) Suárez se comprometió con nuestro secretario general Luis Márquez a solucionar el tema desde lo político y no lo hizo. Por eso, para nosotros, que el Gobernador haya faltado a su palabra es grave y demuestra que los intereses que hay detrás de la casa son desconocidos para nosotros”.

Polémica por una propuesta de la UIA

El otro tema que El Ciudadano abordó con el dirigente sindical es la polémica instalada algunos días atrás con el pronunciamiento de la Unión Industrial Argentinas (UIA) que, en la voz de su titular, Daniel Funes de Rioja, proponía e instalaba entre los empresarios la acción de descontar haberes de los empleados que no quieran vacunarse contra el COVID-19. 

Al respecto, Firmani opinó que “el planteo que hace Funes sobre descontar salarios al trabajador exceptuado que no se vacune, no nos sorprende. Sí nos sorprende que la UIA esté preocupada por este tipo de cosas y que no se dedique a lo que realmente se debería dedicar, que es luchar para volver a poner en marcha a la industria argentina”.

—¿Es legal la postura de la UIA para que sus trabajadores se cuiden la pandemia?

—Es completamente ilegal pensar que un trabajador que está exceptuado por algún tipo de enfermedad y decida no vacunarse, cuando la decisión de la vacuna es personal, sufra un descuento en sus salarios. Pero, le debo aclarar que sí creo y cree la CGT, que tenemos que tratar de persuadir a todos los trabajadores y a todo el pueblo argentino a vacunarse. Sin castigos económicos, porque no es la forma y eso no van a dar ningún resultado, solo más perjuicio o una precarización que de por sí ya tiene el trabajador.

—¿Han recibido alguna denuncia por parte de algún trabajador?

—Todavía no, pero por supuesto que la CGT intervendrá si así lo piden los trabajadores. Del mismo modo le anticipo que cada uno de los gremios que conforman nuestra organización intervendrá si existe este tipo de descuentos que, repito, no tiene ningún sustento legal ni técnico. 

“Se debe convencer a la población y a los trabajadores de lo importante que es la vacuna, pero los castigos económicos no son una forma de convencimiento. Es inaceptable intentar coartar la libertad del trabajador y obligarlo, quitándole un derecho como es su salario, algo que no tiene sentido y que, por supuesto, CGT contrarrestará”, consideró finalmente Firmani.