La escuela pública, saturada por el pase de alumnos de privadas
Este año lectivo mostrará cómo los aumentos de las cuotas de los colegios privados afectará las prestaciones de las escuelas de gestión estatal que brindan educación gratuita
Por Redacción
La educación gratuita que históricamente garantiza el Estado se encuentra amenazada en primer lugar por la particular concepción que tiene el pensamiento libertario sobre su misión en la sociedad. Mientras se califica al sistema como responsable del "adoctrinamiento" y de "lavar cerebros", la caída de las matrículas en las escuelas particulares produce un traspaso casi masivo al sector público.
El sistema educativo estatal, gestionado mayoritariamente por las provincias contiene a 7.485.142 alumnos en todo el país, y ahora tuvo que abrir las puertas a alumnos provenientes del colegio privado cuyos padres no pueden afrontar los aumentos superiores al 50% que se aplicaron al reanudar las clases sobre lo que pagaban en diciembre.
El drenaje de la matrícula privada hacia la pública no es nuevo, sino que viene de 2019, cuando en la Capital Federal, primer cordón del conurbano bonaerense y La Plata descendió de 1,16 millones de alumnos de comienzo de 2019 a 910 mil al 30 de septiembre del mismo año.
O sea, que migraron unos 250 mil estudiantes netos, de acuerdo con los datos elaborados por los investigadores Ianina Tuñón y Matías Maljar
El último dato sobre la cantidad de niños y adolescentes que concurren a escuelas privadas es que hasta 2023 llegaba a 2.960.630.
Desequilibrio con los ingresos
El nudo del conflicto está conformado por los salarios, los ajustes y la inflación y se complicó por las disputas entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores.
El voucher educativo que se instrumentó intenta, en principio, evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales.
Busca no discontinuar o modificar su trayectoria educativa, sino aportar una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal.
La medida, en realidad, apunta, en todo lo posible, que no se produzca una sobrecarga de estudiantes en la endeble educación pública. Pero solo tendrá una vigencia de tres meses por lo que después de mayo no se sabe qué pasará.
Pueden gestionarlo los que encuadren en un ingreso máximo familiar de $1,4 millones, ser parte de una escuela que tenga un aporte estatal que supere el 75% por ciento y que la cuota no supere los $54.396.
El tope que otorgará el "Programa de Asistencia de Vouchers Educativos" es de $27.198 por hijo.
Cálculos oficiales indican que unas 2700 escuelas bonaerenses quedarían alcanzadas: unos 800 mil alumnos.
En la Ciudad de Buenos Aires son 267 las escuelas en las que las familias estarían en condiciones de recibir el beneficio.
En Mendoza alcanzaría a más de 60.000 alumnos de 121 colegios privados subsidiados.
Y se prevé que potencialmente puede alcanzar a casi dos millones de personas en todo el país, pero en general las redes burocráticas suelen filtrar bastante los accesos.
De todos modos, el reacomodamiento educativo actual ha sido consecuencia directa de la brusca redistribución de los ingresos que provocaron la devaluación y las medidas de ataque al déficit fiscal que se aplican desde diciembre, si bien se explica en la base heredada de la anterior administración.
Tres de cada diez escuelas privadas ya calificaban como pobres, según datos de la Universidad Católica Argentina: el 26,8% de los estudiantes de esas instituciones laicas se encontraban en situación de pobreza; que llegan al 33,9% incluyendo colegios parroquiales o religiosos. Totalizaban al segundo semestre de 2023 alrededor de 356 mil entre primaria y secundaria, que suponían una leve mejora con respecto a las cifras de 2022.
Es obvio que si para este renglón socioeconómico ya representaba el año pasado un gran esfuerzo afrontar la cuota en un establecimiento de gestión privada, con el impacto del ajuste en marcha a muchos les significó directamente quedar excluidos.
Peor aún es en ese aspecto la situación en las instituciones de gestión estatal, donde 7 de cada 10 alumnos (71,6%, o sea más del doble) son pobres, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El dato abarca a niños y adolescentes de 0 a 17 años que asisten a establecimientos educativos, según el informe “Caracterización de la población de niños/as y adolescentes escolarizados según el tipo de gestión educativa”.
Para 2023, el documento estimaba que 6 de cada 10 chicos argentinos (62,9%) son pobres y que el 16,2% se encuentra en situación de indigencia.
Hasta esta última camada de migración de las escuelas privadas a las públicas, aún no ponderada oficialmente, los niños y adolescentes escolarizados se repartían en un 72,4% a establecimientos de gestión estatal y el restante 27,6% a privada.