Trabajadores de La Terre no aceptan el criterio de la Justicia

Transcurren horas decisivas para resolver el destino final de los bienes, estructura edilicia y predio agroindustrial que administra la cooperativa La Terre. El complejo ubicado sobre el carril Godoy Cruz en el departamento Guaymallén, perteneció alguna vez a Industrias Matas, que en el año 2014 quebró.

Desde ese tiempo la historia tuvo dos caminos paralelos que solo se tocaron cuando la semana pasada los nuevos dueños del lugar intentaron tomar posesión del mismo. Acción que finalmente no se concretó ante el cierre de los portones de ingreso y la resistencia de los obreros que no quieren perder el bien del que se hicieron cargo tras la quiebra y que es el sustento de sus familias.

La resolución del conflicto no es fácil, por las dos posturas que aparecen en el mismo y que al decir de las mismas, cada una tiene su razón. La Justicia con sus argumentos procesales, incluida la resolución de la máxima instancia judicial en Mendoza, como es la Suprema Corte de Justicia. La de los trabajadores que conformaron una cooperativa (La Terre), con la que se hicieron cargo de la producción después de la quiebra, para no perder las fuentes de trabajo.

Laberinto sin salida

La quiebra de Industrias Matas tuvo el fallo de la jueza Gloria Cortez, titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales. Fue apelada, y dos años después (2016) la Corte provincial la ratificó. Inmediatamente la magistrada ordenó el inventario e incautación de la fábrica, es decir, todo el predio y maquinarias.

El otro camino paralelo sucede por parte de un grupo de trabajadores, que amparados por la Ley 8.708 efectúan ocupación temporaria por medio de la Cooperativa La Terre. Punto que dicen los empleados permitían tres años de ocupación, con posibilidad de prolongar el tiempo a otros tres años. Para la jueza Cortez fue solo por dos años, contando a partir de la posición efectiva de la cooperativa. 

Entre el año de quiebra (2014) y el de resolución de la Corte, se le ordena en el año 2015 a la provincia que por medio del Ministerio de Agroindustria y Tecnología el pago de indemnizaciones a todos los acreedores de la empresa quebrada. Por eso, la otra cuestión observada por la magistrada, es el número de exempleados de Matas que recibirían indemnización era superior a los 13 que ella ubicaba en La Terre, es decir, alrededor de 360.

Cuando para el 2º Juzgado había culminado el proceso de inventario, se concreta una subasta con la modalidad de sobre cerrado. El procedimiento arrojó que Mariano Riggieri se constituya en el nuevo dueño de la empresa agroindustrial, bajo el compromiso de contrato de los obreros que hoy constituyen la cooperativa La Terre.

Según la Justicia, el nuevo dueño no se puede hacer cargo del predio, ante la fuerte resistencia de los empleados de La Terre, quienes a su vez han apelado la acción ante una Cámara Civil.

Apoyo social y político a la ocupación permanente del predio

Diferentes organizaciones sociales y políticas se hicieron presente en el predio de Buena Nueva, donde los empleados con sus familias resisten la orden judicial de desalojo. Todos coinciden que la cooperativa La Terre actúa con sus empleados por derecha y ajustado a derecho y  apuntan a la Justicia, haciéndola responsable de lo que pudiese pasar con el destino laboral de un grupo importante de personas y productores.

Empresa recuperada

El Ciudadano estuvo allí y esto decía Julio Díaz, titular de la Asociación Mendocina de Empresas Recuperadas: “Es lamentable que la jueza haya obviado todas las leyes que hemos presentado, por lo que está haciendo lo que quiere y por eso ha vendido la fábrica. Por eso hemos llegado hasta aquí, acompañando desde nuestra asociación a la cooperativa La Terre”. 

“Jurídicamente nos ceñimos a lo que dice la ley, algo que la jueza no ha respetado. Se debe entender que existe una ley marco de ocupación temporaria por tres años y con tres años más para recuperarla. Por lo que la magistrada está obviando todos estos mecanismos legales. Por eso es que estamos apoyando desde todas las organizaciones sociales a la cooperativa, porque La Terre es de los trabajadores”, agregó.

Por su parte, Daniel Sauretti, trabajador de La Terre, dijo: “Nosotros estamos desde el jueves sin movernos y no nos vamos a ir, porque resguardamos los bienes y a la vez no detenemos la producción de deshidratados de tomate, espinaca, ajo, zapallo y zanahoria. Porque todo eso es parte de los compromisos que hemos asumido con empresas nacionales como Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, la fábrica de pastas La Italiana y otras importante empresas productoras de alimentos”, detalló.

Finalmente ,el empleado respondió a la jueza Gloria Cortez, cuando expresó: “En este predio de la cooperativa trabajan en turno aproximadamente 62 personas, entre mujeres y hombres. Empleados en administración, gente en laboratorios y en los tramos de producción. Debemos agregar por trabajo indirecto aproximadamente a 100 personas y otros 100 pequeños y medianos productores que aportan la producción a la materia prima a la planta. Son más de 300 puestos fijos de trabajo directo e indirecto que dependen de este emprendimiento, como para defenderlo con todas nuestras fuerzas”.