Preocupa que no avance el proyecto de ley de extinción de dominio

Incomprensiblemente, desde hace dos años, el Congreso de la Nación tiene retenida una ley que hoy tendría que estar en plena vigencia. Se trata del proyecto de extinción de dominio, que cuenta con media sanción de la Cámara alta del Parlamento nacional y que está ‘empantanada’ en la Cámara de Diputados.

Dicho instrumento jurídico habilita a los organismos del Estado respectivos a disponer de todo lo que la Justicia confisque en operativos contra lavado de dinero, el narcotráfico o de procedimientos contra ex funcionarios por corrupción. Por eso, por estos días, los diputados nacionales por Mendoza del PRO Stella Huczak y Sebastián Bragagnolo están proponiendo agilidad en el tratamiento del proyecto de ley, y para darlo a conocer convocaron a una conferencia de prensa.

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Los legisladores estuvieron acompañados por la senadora provincial Cecilia Páez y los diputados Hebe Casado, Pablo Priore y Álvaro Martínez. También estuvieron presentes concejales de varios departamentos de la provincia. 

Al dar detalles de la iniciativa, la diputada Huczak  le dijo a El Ciudadano: “Queremos que este proyecto tenga la otra media sanción para transformarlo en ley y entregarle al Poder Ejecutivo nacional una herramienta para que pueda tener o captar aquellos bienes que han surgido del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. De esta manera, el dinero, los vehículos y mobiliarios pueden volver al Estado y así entregarlos al servicio de la educación, salud o prevenciones de adicciones.”

“Otro punto que aclaramos de este proyecto es que las personas que intervengan en todo proceso de investigación judicial de estos temas con pruebas vitales, serán beneficiadas con un 5%”, cerró la funcionaria.

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Por su parte, el diputado nacional Bragagnolo expresó que “esta iniciativa, que parte desde Mendoza, es apoyada por todos los legisladores y concejales del PRO de la provincia. Es una iniciativa que encierra el mensaje de claridad que le queremos dar a la sociedad, donde el Estado recupera lo que se les robó a los ciudadanos, no es nada más que eso. Hoy el Estado no cuenta con esta herramienta fundamental para este tipo de política criminal donde se persiga al delito. 

Cuando se le preguntó si detrás de esto hay presiones para que la ley no salga, el legislador respondió que “siempre hay un montón de intereses que se mezclan en el medio, lamentablemente”.

“Por eso, creo que debemos insistir en el tratamiento. Porque esto va más allá de los partidos. Esto es, claramente, en contra de la corrupción. De lo contrario, la política no volverá a ser una actividad noble y continuará teniendo el desprestigio que tiene”, indicó el legislador del PRO.

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