Intenso debate por modificaciones a la ley de minería

En la Cámara de Senadores hubo ayer otra reunión ampliada entre las comisiones de Ambiente, Minería y Legislación y Asuntos Constitucionales en el debate que se está dando sobre dos proyectos acerca de la Ley 7.722. 

La semana pasada expusieron sus posiciones organizaciones que nuclean a empresarios e industriales, y en esta oportunidad lo hicieron sectores fines a la construcción, gremios y entidades agropecuarias.

En el encuentro quedó claro que nada ha cambiado entre quienes apoyan irrestrictamente la vigencia de la Ley 7.722 y quienes pretenden, por lo menos, flexibilizarla para permitir la explotación minera metalífera.

Los primeros en exponer fueron los representantes de los sindicatos que representan a diferentes sectores del trabajo directo e indirecto a cualquier proyecto minero. Allí estuvieron AOMA, UOCRA, ASIJEMIN y Mineros del Sur, y todos coincidieron en que la situación laboral del sector es acuciante. 

Por eso, para ellos es necesario que sean atendidos los dos proyectos que presentaron los senadores justicialistas Juan Antonio Agülles –para la creación de Parques Mineros– y de Alejandro Abraham, éste con el objetivo de modificar la Ley en discusión.

Consideran, como expresó Juan Carlos Ortiz, de AOMA, que “es necesario abrir la minería para crear fuentes de trabajo”. “Muchos de nuestros compañeros han migrado a otras provincias e inmediatamente fueron despedidos, porque en esos lugares le dieron prioridad a mineros de allí. Queremos que Mendoza tenga su producción minera, respetando todo tipo de controles y fuentes de trabajo”, remarcó el dirigente.

Por su parte, Marcelo Mena, de ASIJEMIN –el gremio que representa a los jerárquicos, profesionales y técnicos de la actividad minera argentina–, expuso: “No estamos en contra de la Ley 7.722 y tampoco de todo control que se haga en torno de la explotación minera. También es importante aclarar que la minería no viene a salvar la economía de una provincia, viene aportar a su crecimiento. Por eso, es fundamental que Mendoza desarrolle la minería que quieran los mendocinos, teniendo en cuenta que la actividad aportaría de US$ 5.000 millones a US$ 10.000 millones anuales, creando 25.000 puestos de trabajo en el ámbito de la construcción en forma directa y 40.000 en forma indirecta. Mientras que en el ámbito minero serían 9.800 puestos en forma directa y 19.000 indirectos”.

La 7.722 no es responsable de los problemas económicos

A su turno, las sindicalistas Raquel Blas y Soledad Sosa, de la CTA autónoma, expusieron su irrestricta defensa a la 7.722. Aseguraron que ese instrumento jurídico “no prohíbe la explotación minera, solo defiende el agua y no autoriza la utilización de sustancias químicas que contaminan”. Además, ambas llamaron la atención sobre “las contradicciones de los partidos políticos mayoritarios que en sus plataformas electorales aseguraron defender la ley y hoy la quieren anular, una cara que demuestra una suerte de estafa electoral. Debemos decir que reabrir el debate de algo que para el Poder Judicial es constitucional, traería consecuencias sociales impredecibles”, advirtieron.

La posición de los productores agrícolas fue expuesta por el presidente de la Sociedad Rural del valle de Uco, Mario Leiva, y el ingeniero hidráulico Martín Garbuio. Del mismo modo que Blas y Sosa, los productores se mostraron intransigentes a la hora de defender la ley 7.722, asegurando que es innecesario reabrir un debate que tuvo mucho tiempo de tratamiento y que se cerró con el pronunciamiento en plenario de la Suprema Corte de Justicia, que la confirmó como constitucional.

Agregaron más adelante, “nos llama la atención que cuando el campo perdió 1.200.000 jornales, el mayor en diez años, y 10.000 unidades productivas, nadie dijo nada. Ni gremialistas, ni políticos, nadie”, reflexionaron.
Finalmente advirtieron que “se le está mintiendo a la ciudadanía. Esos proyectos de ley quieren anular el artículo 1 de la ley que impide la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, además de anular el debate legal y social con la declaración de impacto ambiental. Si lo concretan, el campo volverá a salir a las rutas”, amenazaron.

El debate continuará la próxima semana con otras exposiciones, pero después de las dos reuniones realizadas, muchos observadores coinciden en que el tratamiento de los proyectos de los senadores Agülles y Abraham podría pasar para el año próximo.

Una clara demostración de que se estaría descomprimiendo el interés de modificar la Ley 7.722.