El Gobierno logró que se aprobara el Código Procesal Laboral
Cuando ya parecía imposible, un legislador del PI dio quórum y el proyecto del Ejecutivo pudo ser tratado y aprobado, aunque volvió a Senadores con cambios pedidos por el Frente Renovador y el Partido Demócrata, integrantes de Cambiemos
La Cámara de Diputados mendocina aprobó el martes, con 23 votos a favor, el polémico Código Procesal Laboral. Fue en una sesión que tuvo de todo en la previa, a punto tal que estuvo a un paso de sucumbir. Pero, como la política es el arte de lo posible, el tratamiento del nuevo instrumento legal finalmente se concretó.
En las primeras horas de la mañana, el Frente Cambia Mendoza no contaba con el quórum estricto con el que podría aprobar la norma. Es que el diputado Álvaro Martínez (PRO–FCM) fue sometido a una cirugía menor el lunes pasado, y en la mañana de ayer sus médicos todavía no le habían dado el alta. Ante este cuadro comenzaron intensas tratativas para lograr sentar a la oposición en el recinto.
Parecía una misión imposible dada la negativa que mantenían (como ocurrió en el Senado) los bloques del justicialismo, la izquierda y Protectora-PI. Precisamente desde este último bloque salió la luz verde para la coalición oficialista, ante la oficialización de su ruptura.
Por un lado, quedaban los diputados Mario Vadillo y Pablo Cairo como Protectora-PI, y por el otro, Eduardo Martínez como bloque unipersonal PI. Éste último acordó sentarse y permitir el ansiado quórum, aunque no votaría a favor del Código.
Esto hizo que todo el arco opositor estuviera presente, marcara su posición y su negativa, y después a muchos de sus integrantes se los vio con el ceño fruncido con los ojos puestos en el bloque del PI ante el cambio de un Martínez por otro Martínez, que se tradujo en un nuevo Bonarrico, en este caso en la Cámara de Diputados.
Salió con modificaciones
La normativa aprobada deberá esperar hasta la próxima semana para transformarse definitivamente en ley, ya que tras la aprobación con cambios fue devuelta al Senado para su sanción.
El motivo radica en las modificaciones que el Frente Cambia Mendoza aceptó introducir por pedido de los diputados Guillermo Pereyra (Frente Renovador) y Marcos Niven (PD). Éste había solicitado retoques en tres artículos pero solo tuvo la venia en uno.
“Los otros dos eran muy importantes –aseguró Niven– “porque se trataba de los honorarios de los peritos, que al reducirlos notablemente producirá fallas en los peritajes, lo que redundará en perjuicio del trabajador. Mientras, el otro artículo se refiere a la forma de nombrar los peritos, que por tiempo y forma, también perjudicará al trabajador”.
Desde el ala dura del kirchnerismo en diputados habló el diputado Marcelo Aparicio (PJ - Unidad Ciudadana) que, entre otras cosas dijo que “en algo más de dos años y medio este Gobierno ha sancionado leyes que afectan directamente a los trabajadores. Una de ellas es la de la conformación de la Oficina de Conciliación Obligatoria (OCLO), otra es la ley de adhesión que obliga el paso por las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora esta ley, que viene a denegar el acceso directo a la Justicia de todo trabajador”.
“Queda claro que este Código ataca en forma directa los derechos de los trabajadores, por lo que no solo no apoyaremos con nuestro voto, sino que advertimos que el próximo Gobierno provincial la vetará por ilegal e inconstitucional”, consideró Aparicio.
Las calificaciones de “inconstitucionalidad” y “perjuicios a los trabajadores” fueron señaladas al unísono por todo el arco opositor. De igual modo se advirtió sobre un presunto “indisimulado” beneficio de patronales y ciertos abogados.
“Buscamos que los procesos sean más ágiles”
Al respecto, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Albarracín (UCR-FCM), tuvo la responsabilidad parlamentaria de responder las acusaciones de la oposición. El legislador oficialista explicó: “Debemos entender que existe hoy una importante acumulación de causas en el fuero laboral, donde su agilización promedio es de 13 años, con cinco años o más en algunos casos. Por eso buscamos que los procesos sean más ágiles, como se hizo con los códigos procesales Civil y Penal. Para que en este caso, el trabajador pueda cobrar crédito laboral sin que tenga que esperar todos estos años innecesariamente”.
El diputado destacó que “esta reforma completa las importantes transformaciones jurídicas que Mendoza encaró en los últimos tiempos con la creación de la OCLO y la modificación a la Ley de Riesgos de Trabajo. Algo que implica que la carga promedio de trabajo de las Cámaras Laborales haya descendido en un 40%. Lo otro a destacar es la presencia del juez que promueve la conciliación. Porque en aquellos casos en que los acuerdos no se hayan alcanzado en la conciliación respectiva, se podrán lograr por intervención de un magistrado. Por esto, y por el importante articulado que contiene el Código Procesal Laboral, decimos que no es ilegal, mucho menos inconstitucional”.