La Cámara Nacional del Trabajo suspendió el capítulo laboral del mega DNU
El tribunal de alzada hizo lugar a la presentación de la CGT y dictó un amparo contra el capítulo referido a Trabajo del decreto de Milei
Por Redacción
La Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno nacional.
"Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", decidieron los jueces en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.
La decisión judicial hace lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y considera que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso nacional.
El DNU 70/2023, publicado el 27 de diciembre pasado y firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical. Si bien la vigencia operaba a partir del 30 de diciembre, ahora queda suspendida por la Justicia.
En su fallo, la sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera, sostiene que la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.
Asimismo, los camaristas remarcaron que el presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.
De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el Gobierno en un área sensible como el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.
Además, se abre un marco de incertidumbre respecto a las demás partes del decreto, que modifica o deroga más de 360 leyes. Contra el decreto se han presentado más de 13 amparos en diferentes juzgados federales de todo el país.
Con información de NA y Télam