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La asamblea tan temida

Argentina tiene un complejo difícil de superar que es el de las reiteradas interrupciones de la democracia sufridas durante el siglo XX, siendo la última la más terrible en el sentido de las vidas humanas que se llevó la violencia política y el terrorismo de Estado

10 de abril, 2022 - 15:49

Argentina tiene un complejo difícil de superar que es el de las reiteradas interrupciones de la democracia sufridas durante el siglo XX, siendo la última la más terrible en el sentido de las vidas humanas que se llevó la violencia política y el terrorismo de Estado. Por eso es que, como un pacto social tácito, no es posible concebir este país sin un sistema democrático, pero, que aún no consigue consolidar una conciencia republicana sólida.

Por eso es que todavía concebimos a la representación popular, no como un sistema de instituciones organizadas y capaces de convivir, sino como una permanente puja de intereses que excede los canales lógicos y se expande en las calles. Todo esto, por supuesto, azuzado por una creciente desigualdad social causada por la más injusta distribución de la riqueza jamás vista en un país repleto de recursos.

Con esos condicionantes, enmarcando la situación general, la existencia de un gobierno cada vez más debilitado, minadas sus posibilidades y fuertemente erosionado desde su propia coalición, vuelven a surgir los viejos temores de caída del Presidente, precipitada por las más diversas causas y con, para muchos, impredecibles consecuencias políticas, institucionales y las socioeconómicas que pueden ser peores que las que están acaeciendo por estos días.

Este escenario prefigura una la idea de que es posible promover la remoción de Alberto Fernández ante la creciente inmovilidad a la que lo están obligando las presiones. En ese sentido, la convocatoria a una Asamblea Legislativa surge como un mecanismo para cambiar por la vía legal al primer mandatario y a todo su gobierno. Pero también los distintos sectores políticos, afines u opositores califican al método antedicho o a cualquier pedido de renuncia como un verdadero golpe de Estado.

Por eso es necesario repasar qué pasa cuando se habla de esa instancia, de las funciones del Congreso de la Nación. La Asamblea legislativa reúne a las dos cámaras y debe ser presidida por el titular del Senado, en el caso habitual, quien ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación porque es el presidente natural de la cámara alta. Normalmente, se reúne cuando asume un nuevo gobierno y recibe el juramento del primer mandatario. También sesiona cuando se inaugura el período ordinario de sesiones que se inicia todos los 1 de marzo y culmina los 30 de noviembre.

 

 

En otras ocasiones se reúne cuando se produce una situación especial o traumática. Se recuerda cuando en la Semana Santa de 1987, ante la rebelión de los militares carapintada, se reunió la asamblea para respaldar el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero cuando éste y su vicepresidente renunciaron en julio de 1999, ya había un presidente elegido, (Carlos Menem) y solo se adelantó la entrega del poder.

En cambio, el 20 de diciembre de 2001 renunció Fernando de la Rúa y al no haber vicepresidente porque había dimitido Carlos Chacho Álvarez, se produjo la acefalía, cuando quedaba más de la mitad del mandato y en ese caso correspondió aplicar la Ley 20.972 modificada por la Ley 25716 de Acefalía, que tuvo que activar la forma para completar el mandato del radical que se producía el 10 de diciembre de 2003.

Si bien la Constitución estipula que, ante la ausencia definitiva del presidente de la Nación, el vice es quien debe completar el período, cuando éste último tampoco está, la Asamblea Legislativa debe elegir un sucesor para completar el mandato entre los miembros de las dos cámaras o un gobernador de provincia, todos ellos funcionarios elegidos por voto popular. Tal como ocurrió en 20021-2002 con el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá y después con el entonces senador Eduardo Duhalde.

La Asamblea Legislativa no tiene poder para destituir al presidente ni al vice, porque eso solo se puede hacer mediante juicio político, que es otro instituto de la Constitución.

Entonces invocar la Asamblea Legislativa como una resolución de una crisis política per se, es únicamente un recurso discursivo, primero se tendrían que ir Alberto Fernández y Cristina Kirchner para que ésta sea convocada y esa instancia sería de suma gravedad dada la peligrosa situación social, que, con una pobreza e indigencia creciente, en el país podría darse el dramático presagio de que todo volaría por los aires.