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Detectan irregularidades en Registros del Automotor

El Ministerio de Justicia encontró gastos inflados, escasa rendición de cuentas y adjudicaciones sin concurso, entre otras deficiencias

Por Redacción

03 de febrero, 2024 - 21:33

El subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, dispuso una serie de fiscalizaciones digitales en algunos de los Registros del Automotor del país ya intervenidos, y a raíz de los análisis de cada oficina bajo auditoría se halló una serie de irregularidades, por lo cual se hará una revisión más profunda de sus cuentas y después se decidirá el futuro de cada interventor.

Según se supo, de los 1.554 registros que hay en el país, alrededor de un 40% está en manos de interventores, y un funcionario de primera línea aseguró que “si son honestos, no van a tener problemas”.

Como son designaciones transitorias, “se encuentran en condición de ser revocados o en su caso nombrar nuevos interventores”, detalla la nota que puso en marcha el proceso.

Para que no haya vínculos con el ámbito registral, se utilizarán auditores externos  que revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde alquileres hasta sueldos, documentación, impuestos, servicios o insumos de librería.

“No hay una caza de brujas, sólo queremos ver dónde está la fuga", aclaró un funcionario dedicado a los controles.

El plan del Gobierno de la Nación apunta a auditar en un segundo paso a todos los registros intervenidos, y además se examinarían los últimos concursos y las designaciones de funcionarios más recientes.

La mayoría de los interventores de los registros son abogados, escribanos o contadores, los que antes de acceder al cargo deben cumplir una serie de requisitos.

Las fiscalizaciones digitales fueron dispuestas por la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, y se realizan en dependencias ubicadas en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires.

El proceso de revisión podría derivar en denuncias penales si se encuentran sobreprecios en los gastos declarados ante la AFIP. Tampoco se descarta el cierre de algunos registros “que no tienen razón de ser”, y en ese caso se podría llegar a una fusión con otros cercanos.