DDHH: qué países castigan a los negacionistas de los delitos de lesa humanidad
En el primer debate presidencial, el candidato Javier Milei, reivindicó la última dictadura cívico militar con los mismo argumentos que los criminales condenados y revivió el debate sobre castigar este tipo de discursos. Los antecedentes en otros países
Por Redacción
El consenso sobre la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el repudio al terrorismo de Estado es cada vez más cuestionado por sectores políticos identificados con posiciones conservadoras y de derecha en Argentina.
Las formas más comunes del negacionismo en el país son el cuestionamiento a la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, y la tergiversación de la consigna Nunca Más, símbolo adoptado con las primeras condenas a represores y genocidas en la Justicia argentina.
Amparados en la falta de un marco regulatorio que prevea sanciones a esos discursos, quienes los difunden se justifican en el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, existen países donde las expresiones negacionistas enfrentan sanciones penales establecidas por normas legales y judiciales.
El último episodio de este tipo se registró nada menos que en el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero este domingo. El ultraderechista Javier Milei, postulante a la Presidencia por la Casa Rosada, habló de “verdad completa”, tomó la tesis de la “guerra en Argentina” y habló incluso de “excesos y errores” por parte de las fuerzas armadas, argumentos calcados de la versión de los militares acusados y condenados en el Juicio a las Juntas, en 1985.
Las manifestaciones por alguien que podría llegar a la Presidencia, provocaron fuertes repudios entre diversos sectores de la sociedad, que remarcaron el ejemplo mundial que es la Argentina respecto a su política de derechos humanos, los juicios a los represores, la búsqueda de bebés robados en dictadura y la consigna Nunca Más.
Estos mismos sectores remarcaron la necesidad de dar un paso más y penar, como en otros países, los discursos negacionistas y reivindicadores de delitos de lesa humanidad, lo que hizo justamente Milei en el debate.
Leyes contra el negacionismo en el mundo
Varias naciones de Europa cuentan con leyes que condenan el negacionismo sobre los crímenes de Estado cometidos durante el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial, según repasa el portal IP.
En Alemania, por ejemplo, la negación del genocidio nazi es sancionable, según el grado, con una multa o una pena privativa de la libertad de hasta cinco años de prisión. Si bien el uso de símbolos nazis está prohibido desde 1949, en el 2005 el Código Penal tipificó la exaltación del nazismo como delito de incitación al odio racial, con penas de hasta tres años de cárcel.
En Francia, la ley prohíbe únicamente la apología de crímenes de lesa humanidad, pero no la negación. La pena por ese delito es de 1 a 5 años de prisión.
La Justicia de Austria, por su parte, castiga “el negar, banalizar gravemente, preciar o justificar el genocidio nacionalsocialista u otros delitos”, cometidos durante el holocausto con penas de entre 1 y 10 años de prisión, pudiendo llegar a 20 en caso de “especial peligrosidad del reo o de la actividad”.
Otros países europeos con legislación sobre el tema son Suiza, Bélgica, República Checa, Letonia y Liechtensein, al igual que Israel en Asia. En Italia existe un proyecto pendiente de aprobación, y en Países Bajos, la negación del holocausto prevé una sanción de un año de cárcel por un fallo de su Tribunal Supremo.
Proyectos en el Congreso argentino
La proliferación de discursos negacionistas y reivindicadores por parte dirigentes políticos, llevó a la presentación de numerosos proyectos para legislar sobre el tema.
Uno de ellos fue el de la abogada Valeria Carreras en el 2021. La iniciativa planteaba imponer multas a la negación, minimización y apología de los crímenes cometidos por el Estado entre el 24 de marzo 1976 y el 10 de diciembre de 1983. También proponía abrir espacios de “debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad”.
El mismo año, el senador Alfredo Luenzo (FdT) presentó un proyecto que fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El mismo prevé una “sanción penal a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Para ello, plantea modificar el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado” por violar los derechos humanos.
Asimismo, propone reprimir con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.