Bloques “dialoguistas” permitirán que avance un proyecto fundamental para el Gobierno

Aunque persisten las diferencias entre los bloques opositores “dialoguistas” sobre los cambios en la denominada ‘Ley Bases’, el oficialismo tiene asegurado que su proyecto llegue, al menos, al recinto de la Cámara de Diputados.

La discusión por la reforma fiscal y el impuesto al tabaco generó rispideces entre Hacemos Coalición Federal, la UCR y el PRO, pero este miércoles pactaron un alto al fuego temporario y firmarán en el mediodía de este jueves el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones.

Aunque con sustanciales modificaciones en el capítulo laboral, y luego de una negociación entre sindicalistas y Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, ingresó finalmente el proyecto a la Cámara de Diputados.

Para lograr la discusión, el Gobierno nacional aceptó eliminar del capítulo laboral los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición “dialoguista”, que, coincidentemente, eran los que rechazaba la CGT.

“El radicalismo no tiene problemas, tenemos algunas disidencias, pero mañana (por este jueves) estamos para dictaminar”, aclaró ayer una diputada radical que participa activamente de las negociaciones, en diálogo con la prensa acreditada en la Cámara baja.

Se espera que el proyecto sea tratado en el recinto entre lunes y martes próximos y de esta manera podría ser sancionado antes del anunciado ‘Pacto de Mayo’.

Sin embargo, una preocupación atraviesa a los tres bloques “dialoguistas” y tiene que ver con el manejo de la sesión y de los tiempos por parte del presidente del cuerpo, Martín Menem. 

Temen que, si no existe un criterio claro para el debate en particular, el presidente de la Cámara baja haga respetar a rajatabla el reglamente y de esta manera Unión por la Patria podría hacer valer sus mañas para alargar indefinidamente la discusión de cada artículo, haciendo que la sesión no pueda agotarse en dos días, como está programado.

Un proyecto 'ligth'

El nuevo borrador contiene la propuesta de 'modernización laboral' del Gobierno nacional, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales. De hecho, el llamado capítulo laboral está judicializado y suspendido por la Justicia del Trabajo.

Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”. Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70/23 decía que esa acción será reprimida con tres a seis años de prisión y el borrador, con seis meses a tres años de prisión.

Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.

El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70/23.

En tanto, siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de ocho a seis meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta cien trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

Con material de Noticias Argentinas