Alberto Fernández, jubilado con más de 7 millones de pesos

El interventor de la ANSeS, Mariano De Los Heros, le otorgó una pensión honorífica por 7 millones de pesos a Alberto Fernández, decisión que es fuertemente cuestionada por la oposición, ya que además se le entregó el beneficio en tiempo récord, mientras que los jubilados no privilegiados tienen que esperar meses entre el inicio del trámite y su percepción.

Fernández había pedido en enero la pensión honorífica, que según la ley le corresponde como ex presidente, diciendo desde España que "no le alcanzan sus ingresos para vivir", por lo cual debería cobrar 14 millones de pesos por enero y febrero en forma retroactiva, lo que generó la inmediata reacción de la diputada Graciela Ocaña, que se opuso a la medida porque “Alberto Fernández debe acreditar que es residente en la Argentina”, según la ley 24.018 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.

Vale recordar que la misma diputada tiene un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se deroguen las dos pensiones honoríficas que cobra Cristina Kirchner, luego de un polémico trámite administrativo y juicio, por un valor total de más de 14 millones de pesos y con un retroactivo multimillonario en el medio.

Ocaña también hizo un pedido especial a De los Heros: “que nos reciba y atienda pronto el reclamo de los más de 58 mil argentinos que creen que esto es una injusticia y así lo expresaron en la red social Change.org”, indicó en referencia a una suma de firmas realizadas en ese sitio, y en un pedido que acompañan además María Sol Mendez y Sebastián Nagata, Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habían solicitado que se anule el pedido Alberto Fernández para el cobro de la asignación mensual vitalicia para Presidente regulada en la ley 24.018.

“Fernández, quien se encuentra actualmente en España y es evidente que no va a residir en nuestro país, estaría por solicitar el cobro de la jubilación de privilegio por haber sido Presidente, para así poder eludir los cambios que está debatiendo el Congreso en el régimen de jubilaciones de privilegio”, señalan en su fundamentación, agregando: "Nuestro país está inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia, que el nuevo Gobierno intenta afrontar mediante el dictado de un mega Decreto de Necesidad y Urgencia y una ley Ómnibus que modifican cientos de leyes".

“Los jubilados, gracias a las reformas efectuadas durante el Gobierno de Fernández, son los más afectados por esta crisis económica. La gestión anterior convirtió a los jubilados de la Argentina en los nuevos indigentes”, señalan, y agregaron un trabajo de análisis que fue “realizado por el Dr. Alejandro Chiti -Ex Secretario de Seguridad Social y ex Director General de Anses-", y según el cuál "se puede apreciar que durante la gestión de Fernández los Jubilado perdieron un 81% de poder adquisitivo. Es insoslayable que el ex Presidente Alberto Fernández ha manifestado en diversas ocasiones y medios de comunicación que una vez finalizado su mandato se radicaría en España”.

Fijar residencia en el extranjero, según los legisladores, “lo torna incompatible con el requisito establecido en el Art. 5 de la Ley 24.018 cuando establece: que para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país.

 Con respecto a la situación de la residencia en el extranjero del ex presidente y las disposiciones del artículo 5° “consideramos que Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitoria”.

También citan las disposiciones del Decreto 2234/79. En su artículo 1° dispone que los titulares de pensión o jubilación o derecho a sueldo de retiro en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, quedan sujetos a la presente reglamentación en cuanto sus viajes fueran fuera del Territorio Nacional.

 La ausencia del país por un período inferior a los sesenta días no requerirá autorización alguna, pero cuando el traslado al extranjero exceda ese lapso y alcance hasta un año no requerirá autorización previa, debiendo comunicar tal situación por nota a la autoridad de la Caja, con una antelación de treinta (30) días a su partida y probable regreso.

En el supuesto que la ausencia excediera el año, deberá pedirse autorización de modo fundado, que será resuelto por la autoridad superior de la Caja, dice el decreto citado por los legisladores.

Consideran que si el Gobierno de Milei le otorga “a Alberto Fernández una jubilación de privilegio de más de 7 millones de pesos, no solo resentiría las arcas del ANSES -afectando así, a los casi 9 millones de jubilados que tiene el sistema y que más de la mitad cobran la jubilación mínima de poco más de 200 mil pesos-, sino que sería una burla para todos los argentinos y en especial aquellos que votaron para terminar con los privilegios de la casta política.

"Consideramos que la jubilación de privilegio que pretende el ex presidente Fernández debería ser denegada por no reunir las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio. No hace falta indagar profundamente para descubrir que el ex presidente deja la gestión con decenas de denuncias penales en su contra”, completaron.