Más de 38 allanamientos por presunta fugas de divisas y contrabando
Se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones. El mercado ilegal reaccionó con una fuerte baja del dólar blue
Por Redacción
En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 38 allanamientos en el marco de una investigación por fuga de divisas y contrabando. Se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrían González Charvay, y la Secretaría Penal N°3, que depende de Felipe Scagliotti.
Los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas físicas vinculadas entre sí, que contrabandeaban mercaderías y declarada como ácido oleico. Según la Policía Federal, la cadena de actores estaba compuesta por al menos 48 personas y 19 empresas.
En los allanamientos, se secuestraron varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés; como despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.
La investigación comenzó en noviembre del 2021, a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos. Las mismas fueron realizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Mientras, la cotización del dólar ilegal marcó una fuerte baja, cotizándose a 920 y 940 pesos.
Firmas fantasmas
Con firmas radicadas en Estados Unidos, la triangulación de facturaciones tenía como objetivo un rédito económico mediante una diferencia del valor FOB entre la Aduana de Argentina y la de Chile. Por otro lado, la red aprovechaba esta pantalla para que ese dinero ilegal sea considerado licito, cuando en realidad ese capital era fruto del contrabando.
Se realizaron tareas investigativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Tanto la Aduana como los efectivos de la federal individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red ilícita.
De acuerdo con las autoridades judiciales, las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los US$ 200.000.000.