Megaminería y terraplanistas

Antes de que el celebérrimo marino y descubridor Cristóbal Colón se hiciera a la mar para concretar su histórica hazaña, todo buen navegante sabía que la Tierra no era plana, sino redonda. Tal vez desconocían su tamaño exacto, pero que era redonda lo dudaban muy pocos.

Pese a ello, ya en el siglo XIX, apareció una obra escrita por el inglés Samuel Birley Rowbotham, quien sostenía que la Tierra era un disco plano centrado en el Polo Norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre su superficie. 

En 1956, Samuel Shenton fundó la International Flat Earth Society, a caballo del nacimiento del programa espacial, justamente para poner en duda las fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio exterior mostraban a una Tierra en su espléndida redondez.

Popularmente se los comenzó a conocer como los “terraplanistas”. Mutatis mutandis, el término se fue aplicando a aquellas personas que expresaban una marcada desconfianza hacia determinados hechos de suyo evidentes. Los hay de derecha, como el movimiento Alt Right norteamericano, o de izquierda, como los devotos del ecologismo extremo.

Parece ser que el término ha desembarcado en las discusiones sobre la minería en Mendoza con acusaciones cruzadas de terraplanismo. Por un lado, están los ambientalistas que han apelado a todo tipo de argumentos, aún a una descalificación total, no solo de la actividad, sino también del Gobierno provincial y de las entidades y personas que la apoyan.

Por otro lado, están los defensores acérrimos de la actividad extractiva, los que han acudido a argumentos técnicos para garantizar la seguridad de los procesos mineros y a la necesidad de cambiar a la matriz productiva de la alicaída economía provincial.

Sea como sea, creemos que ambas posturas –al margen de tener algo de cierto– se han visto intensificadas con la llegada de la pandemia y, especialmente, de una de sus consecuencias principales: la necesidad de encarar una recuperación económica de nivel provincial, ya que los recursos nacionales alcanzan cada vez para menos.

Por lo tanto, es necesario establecer un marco conceptual adecuado que permita discutir el problema en términos lógicos. A saber:

1. La minería es una actividad económica primaria, probablemente una de las más antiguas de la humanidad y una que es básica para cualquier desarrollo industrial.
2. La industria minera se encuentra globalizada en manos de unas pocas corporaciones multinacionales muy poderosas y, en algunos casos, de empresas estatales como ocurre, por ejemplo, en China.
3. Reconocer que ha sido necesario para los gobiernos anfitriones de tales actividades, generar una serie de políticas para el cuidado del medioambiente y para evitar la sobre explotación.

Como podemos deducir, hay que empezar por reconocer que existe una asimetría entre los grandes recursos financieros y los amplios conocimientos técnicos de las potenciales compañías multinacionales que, eventualmente, se harían cargo de la explotación minera en relación con gobiernos necesitados, desesperadamente, de ingresos fiscales y con pocos profesionales formados en el tema minero al servicio del Estado.

Para reforzar la necesidad de encontrar una solución luego del paso atrás dado por el gobierno provincial para derogar las modificaciones a la Ley de Minería, apareció el municipio de Malargüe con la propuesta de hacerlo en su jurisdicción.

En este sentido, hay que partir de la base que el artículo 124 de la Constitución Nacional, modificada en 1994, le otorga el manejo del subsuelo a las provincias, por lo que las mismas están autorizadas a “...celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación...”.

Sin embargo, las razones de fondo persisten y podrían sintetizarse, hoy, al siguiente interrogante: ¿es conveniente permitir al municipio de Malargüe continuar con su iniciativa de realizar actividades mineras en su jurisdicción?

En principio, podemos afirmar que si las provincias carecen de la simetría de poder necesaria para celebrar tales convenios internacionales en condiciones de razonable igualdad, mucho menos un municipio. 
Pero podemos recordar que hay formas de no dejar las tareas de control solo en las manos del municipio.

Ya con el descubrimiento del petróleo, en 1907, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país con ese fin.

Luego, en 1922, sobre esa base se crearía YPF, una empresa que con sucesivos saltos de excelencia llegó al autoabastecimiento petrolero en la década de 1950. Lo hizo sin desalentar el ingreso de capitales industriales extranjeros y con el objetivo de incrementar y mejorar la producción de petróleo y sus subproductos.

Por ello, en forma análoga, creemos que lo que necesitamos hoy es una verdadera política de Estado provincial que nos asegure el control y la regulación de nuestros recursos mineros, a los efectos  de que su explotación  sea segura para el medio ambiente y que logre ser sustentable a largo plazo.

En consecuencia, creemos que con la actual Dirección de Minería, dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia, no alcanza, ya que debe ser repotenciada, especialmente desde su conformación humana y asignación presupuestaria para estar en condiciones de generar y administrar los recursos humanos técnico-profesionales que nos permitan no solo controlar la actividad minera de bajo perfil del pasado, sino las del futuro.

Incluso, con la capacidad de mantener una sana interacción con las corporaciones mineras internacionales que fueran autorizadas a desarrollar explotaciones mineras en el país.

Seguramente habrá voces que se alzarán en contra de lo que ellos denominan “estatismo”, pero creemos que de la actual situación de extrema recesión económica no se puede salir sin una decidida e inteligente intervención estatal.

No nos queda mucho tiempo para encontrar una salida a la mala situación económica provincial que venimos describiendo a través de varios artículos y por eso la propuesta de Malargüe debe ser escuchada. 

La solución a la que se llegue tiene que ser económicamente apta, pero también políticamente factible y, lo más importante, sustentable para el medio ambiente y para las generaciones que nos seguirán.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.