Las presiones sobre la Justicia implican una peligrosa agresión al sistema republicano

El sistema democrático republicano se caracteriza por haber avanzado sobre los regímenes absolutistas y autocráticos con el concepto básico de soberanía popular.

A partir del cual, la única legitimación de la autoridad se obtiene a través de la expresión genuina de las mayorías, que asumen la responsabilidad de gobernar, pero bajo el ineludible precepto de respetar y acordar con las minorías.

La idea de que todo debe resolverse consultando a la voluntad del pueblo parece colisionar con la forma en que se constituye el Poder Judicial en las repúblicas constitucionales. Sin embargo, hay que considerar que los tribunales de Justicia desde los inferiores hasta la propia Corte Suprema tienen un origen en la capacidad de decisión política que otorgan los resultados electorales.

Para la vicepresidenta Cristina Kirchner, esta concepción no es válida y constantemente emite mensajes que llegan hasta el vituperio sobre los fallos que le son desfavorables en las diferentes causas en las que está involucrada.

El golpe más artero ya está dirigido a la Corte Suprema, a la cual no le reconoce ya legitimidad, tal cual lo expresa en un video recientemente difundido.

Para analizar el tema, Ciudadano News consultó al exjuez Eduardo Gerome, quien se manifestó en los siguientes términos: “Creo que la decadencia está encabezada por quien lo dice, porque todo lo que allí se dice tiene un solo objetivo que desde hace mucho tiempo lo viene persiguiendo, desde que empezó este gobierno, en el cual Cristina sabía que ella sola no podía, que tenía que buscar a alguien que apareciera, pudiera eludir esa imagen negativa que ella tiene en gran parte de la población, lo encontró, inclusive aprovechó la situación económica estructural que la ayudó, etcétera, etcétera.”

“Pero, ¿qué se propuso, sacar adelante el país, hacer un desarrollo productivo?, no, lo único que se propuso era lograr la impunidad. Han pasado dos años y medio desde que se hicieron cargo del Gobierno, no logra la impunidad, el Presidente no la ha podido deslindar de la causa que tiene y, entonces, empiezan los ataques a quien no le ha resuelto el problema y, también empiezan los ataques a los que ella sabe que la van a condenar, porque ella también dijo ya la condena está escrita, quién mejor que ella para saber que la van a condenar si lo que hizo fueron actos de corrupción mayúsculos como nunca se conocieron en la historia de este país”.

El exmagistrado analiza el propósito de la andanada contra el Poder Judicial: “Entonces, ella sabe positivamente que la van a condenar, si es culpable, obviamente. Entonces, trata de denigrar a los que la van a condenar, a la Justicia, denostar a la Corte, porque la condena que tendrá seguramente antes de fin de año, llegará a la Corte después seguramente con recursos extraordinarios que se presenten y entonces, nada mejor que decir ‘los que me van a condenar es gente: que no amerita estar en ese cargo’, que no corresponde, jueces partidarios opositores, todo lo que haga pensar que el que la va a condenar no es un juez independiente”.

Reforma de la justicia

La necesidad de una reforma y modernización del sistema judicial va de suyo, nadie podría negar que las cosas no funcionan como deberían en cuanto a impartir una ‘justicia justa’.

El órgano legislativo, que es el único con potestad para modificar algunos aspectos de la Justicia sin lesionar los derechos fundamentales, solamente puede reformar los sistemas procesales, modernizar el funcionamiento material, agilizar los plazos para que se definan las causas, entre muchos aspectos, pero no pueden influir en las condiciones éticas y morales de los agentes, como así tampoco en la capacidad comprobada para desempeñarse en cada puesto.

Este último aspecto tendría que darse con un decantamiento que la sociedad aún no está dispuesta o no es capaz de producir.

Y como no todos son santos, se cuestiona también la oportunidad de la Corte para definir, por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura y la forma en que se definió la presidencia de la Corte a cargo de Horacio Rosatti.

En ese caso, Gerome señaló: “Creo que sería válido en circunstancias normales, sería válido si no hubiera habido maniobras previas porque el Consejo de la Magistratura se había modificado hasta instancias de ella, del kirchnerismo, ¿con qué propósito?, solamente como para maniatar al Consejo, dirigirlo y hacerlo que los jueces que se elijan, que fueran enjuiciados fueran exclusivamente a conformidad del partido que gobernaba, que eran ellos. Entonces, se hizo esa modificación, fue inconstitucional porque dejó de haber representantes de todos los sectores políticos y sociales, en comparación con los políticos, ella puso más preeminencia de los políticos y, de esa manera, logró manejar el Consejo durante muchos años. Entonces, la Corte no tomó una decisión de auto beneficio, dijo hay que volver a la ley anterior que era la que preveía la incorporación de todos los sectores y esa ley también daba al presidente de la Corte la posibilidad de presidirla, pero era la ley, la Corte no hizo nada diferente a poner en juego la vieja ley que ella derogó con propósitos de conveniencia”.

Una corte más numerosa

También está en el tapete el proyecto de incorporar a la Corte actual, a la que le falta un miembro, otros 24 integrantes de pretendida representación federal. Por ahora, ese proyecto está empantanado en el Senado, pero si se convirtiera en ley, sería imposible que el Senado aprobara ningún nuevo integrante, porque se necesitan los dos tercios de la Cámara alta, la que ni siquiera ha avanzado en el remplazo de la exjuez Elena Highton de Nolasco.

Sobre este asunto, dijo Gerome: “Partíamos hace muchos años de una Corte de muchos miembros, es la que tuvo Menem. El primer kirchnerismo la redujo a cinco, que eran los miembros originarios de la Corte y eso fue muy bueno y esa Corte sí podríamos decir que fue ejemplar, si cabe, pero cuando fueron renunciando y muriendo los miembros y hubo que, en el gobierno de Macri, designar otros miembros.

“Ahora, que la Corte empieza a decir: ‘señor, esto es inconstitucional’ y empiezan a ver que realmente se vienen momentos para los corruptos, ahí entonces empiezan a atacar. Creo que todo esto es un ataque exclusivo, con el propósito de beneficio personal, la Corte no creo que tenga ningún tipo de actitud que haga retroceder el trabajo, la independencia o la calidad de su trabajo. ¿Por qué la quieren cambiar?, aquí el desvarío llega y hablan de 25 miembros, uno por provincia, esto es algo absolutamente descabellado, a la Corte se llega por mérito, si ya cinco personas tienen problemas para ponerse de acuerdo, imaginan 25 personas.