Esconder la ley que obliga a vacunarse contra el COVID-19
El instrumento jurídico que autorizó al Poder Ejecutivo a comprar vacunas para enfrentar la pandemia encierra una serie de elementos desconocidos para el grueso de la comunidad argentina
Mientras continúa la fuerte controversia de sancionar a todo empleado o trabajador en relación de dependencia que no se quiera vacunar contra el coronavirus, el instrumento jurídico que autorizó al Poder Ejecutivo a comprar remesas o partidas de vacunas para enfrentar la pandemia encierra una serie de elementos desconocidos para el grueso de la comunidad argentina.
La aludida ley fue sancionada en octubre del año pasado y dejó clara la obligatoriedad para los 45 millones de habitantes del país de inocularse con la vacuna contra el COVID-9. Para eso, esta herramienta legal se amparó en otra ley que fue ampliada en 2018 durante la administración de Mauricio Macri.
La Ley 22.909, que rige desde 1983, otorga obligatoriedad no solo sobre la población infantil, sino entre los adultos, por lo que la mentada vacuna contra el coronavirus tendría ese encuadre en todo el territorio nacional.
Y es de lo que nadie habla y algunos que saben muy bien del tema, callan.
Es claro que esta ley coloca a la gente como rehenes obligados de aplicarse una vacuna que, si no resulta efectiva o tiene efectos nocivos, no existiría ninguna herramienta legal para demandar a nadie en todo el territorio, esto es Gobierno y laboratorios.
Este otro punto, que ya lo analizamos en su momento, algo que encierra la ley sancionada el año pasado y el oscuro silencio en torno a esa obligatoriedad que tendría maquiavélicas aristas, que con lógica pensó en aquellos meses la maquinaria oficialista.
Si en el caso que no resultara o perjudicara la dosis de una determinada vacuna a la gente, ésta no puede demandar al Estado o al laboratorio que la fabricó. Que, si bien lo dice la cuestionada ley en su nocivo contenido, para muchos es una estafa para el ciudadano, igual no había que presionar a nadie a vacunarse.
El otro aspecto es que es un año electoral y en la medida de lo posible, se debe evitar molestias y enojos de la gente. Mucho menos con una cuestión tan álgida como la vacunación.
La actitud de industriales y empresarios ante los empleados que se resisten a vacunarse descolocó al Gobierno a tal punto que no tuvo –cuando no– ningún poder de reacción para morigerar un punto que inmediatamente se transformó en un pesado búmeran sobre las osamentas gubernamentales.
Muchos se preguntan si alguien asesoró a la UIA para lanzarse a semejante medida que traería conflictos sociales, políticos y hasta electorales.
Porquesi bien el fondo de esta acción es muy lógico por el preocupante estado que nos coloca la tercera ola de la pandemia, donde la vacuna es un vital y necesario elemento para enfrentarla, quitar parte del sueldo a un trabajador que no la quiera recibir no sería una medida razonable y aplicable.
Es por todos conocido que el salario de un trabajador argentino es el flanco predilecto de un Estado inflacionario instalado con saña en el mundo laboral de nuestro país.
La guadaña mensual de esa inflación sobre el sueldo achica, sin contemplación alguna, las condiciones de vida de la familia argentina. Por lo que achicarlo aún más porque esas mujeres o esos hombres del campo laboral no quieren inocularse es perjudicar a toda una familia, mucho más de lo que ya está por la grave situación económica e inflacionaria que vive el país desde hace mucho tiempo.
Surge inmediatamente la pregunta: ¿qué se hace entonces con la vacunación, necesaria y fundamental para comenzar a bajar los graves porcentajes de contagios y muertes con los que la pandemia domina el escenario de la vida de todo un país?
La respuesta está en el oscuro cajón público donde se escondió la ley que permite a la Nación comprar vacunas, obligar a vacunar a los 45 millones de habitantes y a la vez ampara al Gobierno central y a los laboratorios por cualquier demanda que surja de los perjuicio que puedan producir las dosis inoculadas.
¿Y entonces? Entonces el hilo se cortará en su parte más fina: el trabajador o aquel ser que apuesta y pone el hombro al país.
La histórica incoherencia triunfará una vez más, como para entender por qué se escondió esa ley que obliga a todo un país a vacunarse.