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Coronavirus con distorsión social y privilegios judiciales

La desigualdad ciudadana tiene otro panorama y es puntualmente el de los jueces que en los últimos meses, de duros, pasaron sin estaciones intermedias, a ser flexibles con los que fueron altos funcionarios durante el kirchnerismo

Quienes habitan el país y el mundo están más que convencidos que la vida del hombre no será igual en el planeta tras el mortal paso de ese virus nacido vaya uno a saber bajo qué modalidad en la ciudad china de Wuhan. Salvo para aquel sector de la vida argentina que con virus o sin virus, pretende que todo siga igual como hace 16 años.

Con desigualdades que pegan de lleno en la gente y con una Justicia, que de justicia no tiene nada, sí de injusticia.

La cuarentena dispuesta en la Argentina para enfrentar la pandemia de coronavirus fue y es una medida acertada que en parte está deteniendo ese avance agresivo y mortal del virus que en otras partes del mundo está desperdigando muertos a mansalva, sin que nadie lo pare.

Pero esa medida nacional tiene y tendrá un costo económico y social sin precedentes en la vida del país.

Encerrar a todos en sus casas en cada pueblo y ciudad,  deteniendo el 90% del esquema productivo disparó quebrantos en las inversiones, en el trabajo y los sueldos de los trabajadores.

Quebranto mucho más profundo en todos aquellos seres que junto a sus familias viven de changas o pequeñas actividades, que para poderlas desarrollar sin inconvenientes se tuvieron que anotar como monotributistas. Todo eso está detenido al son del peso que sufre cada familia para que el bicho no los alcance, pero también de cómo alimentar a sus hijos.

El Gobierno nacional eligió la vida de los argentinos sobre la economía. En la marcha de la cuarentena tuvo que iniciar una serie de retoques a sus acciones de estado para tratar de detener ese otro problema que se le viene encima, el aparato económico. Punto que debe comenzar a moverse, sin que ello implique trastocar bruscamente el aislamiento que produce hasta hora, buenos resultados.

Al mismo tiempo decidió aumentar la asignación universal por hijo, otorgar una tarjeta alimentaria y dar, por única vez, un monto de $10.000. Además de repartir raciones de mercaderías por bolsones en ese país que hoy cuenta con 16 millones de pobres.

La buena acción mostró inmediatamente que en la Nación hay hijos y entenados. Repitiéndose lo de tantas veces en la historia criolla, los de arriba tienen recursos para subsistir, los de abajo son asistidos por el Estado y los del medio, aguantar y que Dios los ampare.

La discriminación, aunque se la quiera tapar está, sobre todo cuando uno ve que muchos de los que recibieron, alguno o todos los beneficios de emergencia, se mandan la gran fiesta.

Mientras, los que están en el medio, esos de las pequeñas actividades que son más changas que Pymes, calificados como monotributistas, no reciben nada, porque no se encuadran a lo que indica la reglamentación de la cuarentena.

La misma que les prohíbe trabajar, salir de sus casas y tratar de subsistir. Algo que los empujaría a ser pobres o indigentes, que en este cuadro de situación es más un beneficio que un perjuicio.

La desigualdad ciudadana tiene otro panorama, no menos cuestionable, el que deja ver, sin tapujo alguno, la Justicia argentina. Puntualmente aquellos jueces que en los últimos meses, de duros, pasaron sin estaciones intermedias, a ser flexibles con todos aquellos que fueron altos funcionarios durante el kirchnerismo.

El caso puntual, más no la excepción, es Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal Nº 4, que dictó la prisión domiciliaria al inefable Amado Boudou. Para el magistrado, el exvicepresidente, que cumple condena por el caso Ciccone, corría riesgos en el medio de la pandemia del coronavirus.

Lo hecho por el juez Obligado no solo es un verdadero despropósito que se contradice en sí mismo, ya que hace una semana tuvo una postura contraria, sino que desató un problema más que grave para el fuero penal nacional y de jurisdicciones provinciales.

Esto último porque precipitó que alrededor de 200 presos con prisiones preventivas en la Justicia federal solicitaran con el mismo argumento prisiones domiciliarias. Cifra de internos que se podría triplicar en las provincias con el mismo y legítimo argumento.

Todo un oscuro agregado que colocaría a la inseguridad al rojo vivo golpeando de lleno, como es de esperar, en la gente.

Pero el caso de Amado Boudou aporta otro condimento, el político. Si bien el juez que le dio domiciliaria niega sin muchas convicciones sus vínculos con sectores que podrían haber incidido en su decisión, es otra muestra que todo lo hecho delictualmente en la era K se limpiará.

Con esa desprolija impunidad como la que permitió que Boudou esté cómodo en su casa y con otras que acechan entre las bambalinas de un poder político que cumplirá para que el pasado quede en el pasado y punto.