Cómo se monitorea la seguridad e integridad de las represas

Un viejo mito urbano, que aún se escucha en Mendoza, invoca los peligros que significaría el colapso de alguna de las represas en operación, con especulaciones de todo tipo acerca de zonas afectadas o, directamente, que las aguas arrasen cascos urbanos completos.  

El caso que recuerda la historia, y que los pesimistas mencionan como advertencia, ocurrió el 4 de enero de 1970, con la rotura de la represa Frías, ocurrida luego de copiosas lluvias en la zona del pedemonte. El agua bajaba desde los cerros hacia los colectores naturales para detenerse en los diques de contención que rodean la ciudad. “La naturaleza pudo más que los cálculos más finos de los ingenieros y el dique Frías, ubicado en Godoy Cruz, comenzó a desbordarse hasta que se rompió, provocando que el agua bajara con fuerza inusitada hacia la ciudad. Tenía una capacidad de 6 millones de metros cúbicos, que al colapsar se abrieron paso hacia las zonas urbanas”, recoge una crónica del acontecimiento.

El recuerdo que cuentan los memoriosos es la calle San Martín transformada en un río, y una masa de barro que arrasaba todo a su paso. El suceso contabilizó 19 víctimas fatales.  

Pero lo cierto es que las entidades fiscalizadoras someten a esas edificaciones a exhaustivas pruebas, cumpliendo protocolos internacionales, y descartan de plano que pueda registrarse un episodio de ese tipo.

En estos momentos, en nuestro país existen más de 180 presas de embalse en funcionamiento, entre ellas dos que son binacionales, Yacyretá (compartida con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay), que fueron el eje de las fake news que se propagaron en la semana.

El trabajo de ORSEP

El ente encargado de su supervisión es el Organismo Nacional Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), su presidente, el ingeniero Rodolfo Dalmati, explicó en CNN Radio Mendoza cómo son los trabajos y los riesgos de que un eventual colapso suceda: “En este momento no hay ningún problema específico en ningún dique de la Argentina. Hemos recibido, fundamentalmente por redes sociales, comentarios, audios falsos, especialmente en Yacyretá y Salto Grande, pero realmente están en buen estado y sin problemas. El apagón fue un problema eléctrico y no de los diques en sí”.

Acerca del trabajo que realizan, señaló: “Nosotros tenemos jurisdicción nacional, o sea, supervisamos todas las presas que son del Estado. Pero a su vez hay auditorías técnicas, que son realizadas por expertos internacionales y que se hacen, de acuerdo a la antigüedad de la presa en particular, cada tantos años. El informe de ese auditor lo recibimos nosotros y la empresa concesionaria, y si se sugiere alguna mejora o cambio de instrumental, se lleva a cabo con nuestro control”.

Con las represas internacionales, la ORSEP tiene convenios de colaboración, pero la supervisión en esos casos la hacen directamente organismos supranacionales.

Otra de las consultas fue sobre la vida útil de estas represas, a lo que el ingeniero Dalmati respondió: “Hay que discriminar entre el tipo de obra. Las obras civiles son de una duración mucho más extensa que las electromecánicas. La estructura de la presa en sí, que puede ser hormigón o material del lugar, tiene una durabilidad muy larga y está lo electromecánico, que puede tener una duración de 50 años, pero se va reemplazando, y también recibe permanente mantenimiento”.

Para dar una idea, se conocen presas en operación. En España, por ejemplo, fueron construidas por los romanos hace dos mil años. “Las presas más antiguas que tenemos son San Roque, que es de 1880, después se hizo una segunda presa sobre ella, y en El Nihuil, una es de 1940, pero vos la ves y están en perfectas condiciones, se han hecho mejoras en la parte electromecánica”.

Acerca de los fondos y la solvencia de la entidad, el ingeniero señaló: “El organismo depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, donde está el ministro Frigerio y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartúa. En esa estructura somos un ente autónomo, lo que nos permite libertad de acción, por ejemplo, para investigar un problema, si es que aparece en alguna presa y tener la agilidad suficiente para hacer rápidamente las cosas”. 

Contrariamente a lo que se piensa, el envejecimiento de la estructura no es perjudicial para la obra, sino que por el contrario, la va fortaleciendo. El presidente de la ORSEP al respecto explicó: “Lo que es obra civil va mejorando con la antigüedad. Habitualmente cuando aparece un problema, aparece en el momento que vos llenás el embalse, donde sube rápidamente la presión sobre el cuerpo del dique y ahí va a aparecer; una vez que está estabilizada la presión con el embalse ya llenado, para la obra civil es mejor”. 

En cambio, “la parte mecánica es distinta, se va desgastando, reemplazando, pero el hormigón se va volviendo más fuerte”. Eso tiene que ver con el equipamiento, que de todos modos se va cambiando de la mano de la actualización tecnológica.

La reforma legislativa

Justamente a fines de abril, en el plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Presupuesto y Hacienda; Ambiente y Desarrollo Sustentable, se trató el proyecto de Ley de Seguridad de Presas y Embalses presentado por el senador Julio Cobos. El proyecto cuenta con el firme respaldo de la Academia Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y del Comité Argentino de Presas y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

El exgobernador de Mendoza manifestó: “Esperamos que este año podamos sancionar la ley de Seguridad de Presas y Embalses, una ley que es fundamental, ya que establece las condiciones de seguridad que deberán cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares. El objetivo principal es contar con un marco jurídico que proteja a las personas, al medio ambiente y a los bienes”.

“Son parte de la infraestructura crítica para el país por su vulnerabilidad a las catástrofes naturales como de acciones antropogénicas, por lo que es indispensable contar con los controles adecuados para preservar el potencial riesgo que implica para las personas y bienes ubicados aguas abajo. Hoy los controles en las presas de jurisdicción directa nacional los ejecuta el ORSEP, en otros casos los ejercen autoridades provinciales o locales, pero en muchos otros casos esos controles no se realizan”.

La seguridad de presas involucra un conjunto de actividades técnicas, administrativas, organizativas y de difusión, de monitoreo, vigilancia y protección, tendientes a proteger la vida y bienes de las personas expuestas a las consecuencias de una posible crecida ordinaria o extraordinaria, falla o rotura de alguna presa, ataque vandálico o violación de la seguridad operativa.

Sobre la ley, el autor expresó: “Esta norma pretende mejorar el nivel de seguridad de los habitantes que viven aguas abajo de una presa y también preservar el patrimonio económico, social y cultural de esos habitantes. Es importante aclarar que no se interfiere con el derecho al uso y administración del recurso que ejercen las provincias mediante la generación de un marco legal y administrativo adecuado. La revisión periódica y permanente del estado de las presas recibe una especial consideración en la mayoría de los países donde el recurso hídrico ha sido ampliamente aprovechado. Es una actividad que el Estado no puede dejar de regular en forma específica, de allí que la seguridad de presas como herramienta básica de prevención nos exige que legislemos instrumentos idóneos a fin de proteger derechos fundamentales”.

La reforma, vale señalar, pondría bajo el control del Estado las represas que son privadas y también las binacionales.