Un preso trabajará para una multinacional desde la cárcel de Villa Devoto
El interno recibió autorización de una jueza para hacer "home office" desde el penal porteño. Deberán garantizarle un espacio de trabajo y conexión a internet
Por Redacción
Un hombre recluido en la cárcel de Villa Devoto recibió autorización para realizar trabajos desde el complejo penitenciario como empleado de una firma internacional especializada en desarrollo de herramientas jurídicas para abogados. El petitorio fue realizado por la defensa oficial del condenado y elevado al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5 a cargo de María Jimena Monsalve, quien ordenó al lugar de detención proveerle conexión a internet y un lugar adecuado para trabajar.
Federico D´Ottavio, representante de la Unidad de Letrados Móviles Nº2 y defensor oficial del hombre, argumentó que el ofrecimiento laboral a su asistido constituye "un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado".
Asimismo, planteó la necesidad de que el detenido disponga de medios para hacer frente a la responsabilidad laboral, por lo que las autoridades judiciales resolvieron la otorgación de una computadora y un teléfono fijo. El preso contará, además, con un día habilitado para recibir la capacitación correspondiente por parte de la editorial IJ International Legal Group, la empresa contratante que tiene sede en Buenos Aires y presencia en 18 países de habla hispana.
En la resolución, Monsalve sostuvo la contemplación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela que, en relación al trabajo de los detenidos, entre otras cosas, señalan que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento para preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo en libertad.
En el mismo sentido, la magistrada se apoyó en lo que argumentó como el "bajo porcentaje de acceso al empleo que arroja el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020", señalando a su vez que "el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión; el 40% eran personas desocupadas; el 64% actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89% no participó de algún programa de capacitación laboral".