Los acreedores de Vicentin piden dialogar con el Gobierno
Se trata de un grupo de inversionistas que tiene cerca del 40% del total de la deuda de la compañía
Por Redacción
El comité ad hoc de acreedores internacionales formado cuando la empresa agroindustrial Vicentin cayó en default, pidió al Gobierno iniciar un “diálogo constructivo” para avanzar en la regularización de la deuda de la compañía, recientemente intervenida por el Ejecutivo, y que podría ser expropiada.
En un comunicado, el grupo de instituciones expresó su “firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” con el propósito de “aliviar la situación financiera general de la compañía”.
Este comité está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.
“El objetivo del Comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentin en diciembre de 2019, es negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino”, señaló.
El grupo de acreedores precisó que esas obligaciones representan alrededor del 40% de la deuda total de la compañía, respecto de la cual el Gobierno envió al Congreso un proyecto de expropiación.
El comité sostuvo que las entidades que lo conforman son el “principal acreedor de Vicentin” y señaló que durante más de 20 años han “financiado y apoyado el crecimiento del sector de agronegocios en Argentina”.
Agregó que son, además, “optimistas en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país”.
La deuda de Vicentin, que atraviesa una convocatoria de acreedores, ronda los 1.350 millones de dólares, en gran medida producto de un préstamo impago otorgado por el Banco de la Nación Argentina.
Desde diciembre, la compañía anunció que no podía hacer frente a los pagos y entró en default.
Antecedentes estatizadores
La intervención y muy probable estatización de Vicentin la convertiría en la octava compañía estatización desde el 2003, cuando el kirchnerismo asumió el poder en la Argentina.
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entre 2003 y 2015 hubo una incorporación de 13 empresas a la estructura gubernamental, de las cuales seis fueron creadas y siete reestatizadas. Así, el número de empresas públicas pasó de 44 al comienzo de ese lapso a 52. En medio también se produjo la liquidación de cinco firmas bajo control estatal.
Los casos más resonantes y que implicaron un mayor control sobre áreas estratégicas de la economía y de personal fueron Aerolíneas Argentinas (2008) e YPF (2012), procesos por medio de los cuales se incorporaron más de 30.000 trabajadores a la órbita estatal. A lo largo del período también se destacaron Aguas y Saneamientos (AySA) en 2006, la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín(FADEA) en 2010 y de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) en 2007, Correo Argentino en 2003 y Ferrocarriles Argentinos.