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“El peso de remediar el medio ambiente recaerá en la actividad privada”

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina objetó el proyecto de ley que crea un impuesto destinado a solventar la gestión de los residuos

Los desaciertos de la Administración nacional en materia de medio ambiente continúan mostrándose ante los ojos del mundo. Desde los hechos observados con ceño fruncido en la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Glasgow sobre la actuación argentina, y teniendo en cuenta lo que realmente pasa en nuestro país, se agrega una fuerte polémica sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Alberto Fernández al Congreso para la gestión ambiental de envases.

El asunto, que desde el arranque despertó enfrentamientos con el sector privado, trae mucha tela para cortar, según dicen quienes siguen muy de cerca todo lo que se hace en la Argentina en materia de medio ambiente. Sobre todo a la hora de comprobar las diferencias entre el compromiso oficial y lo expresado públicamente en foros internacionales.

Sobre la ley en sí, El Ciudadano tuvo acceso a un duro documento emitido por la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (American Chamber of Commerce - AmCham) que salió inmediatamente a observar el proyecto jurídico por considerar que perjudica las inversiones, con los riesgos que eso implica en un país que necesita de ellas para reactivar su economía y dar respuesta a la fuerte demanda laboral.

El documento indica su “preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensarlos gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”.

En sus primeras apreciaciones, la entidad afirma que “las empresas nucleadas en AmCham Argentina están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular. Más aún, están convencidas de la necesidad de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país”.

El documento resalta que “las leyes de presupuestos mínimos ambientales son herramientas constitucionales muy valiosas en este sentido, al igual que avanzar en un modelo de responsabilidad extendida y compartida por todos los actores de la cadena de producción y comercialización de los envases. AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”.

Uno de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho. Y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación, en especial en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública, pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”, señala el manifiesto.

La Cámara propone que “que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación de 3 a 5 años, reservando para el Estado su rol de autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente”.

“La ley podría vulnerar derechos de las provincias”

En otro tramo del extenso trabajo de AmCham en Argentina, se coloca la visión sobre lo que sucedería si esta ley se sanciona tal cual fue pergeñada por el Gobierno nacional y su negativo impacto en los Estados provinciales, cuando reflexiona con dureza que “este proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias. Básicamente, porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público, una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”.

En la parte final del documento, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina advierte los riesgos que plantean estos proyectos de ley, cuando dice que “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible. Hoy, más que nunca, es necesario que el Gobierno y en este caso el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, basándose en las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable de nuestra economía”.

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